Luis Arce denuncia tortura psicológica en prisión y se declara preso político
El expresidente boliviano Luis Arce, detenido por el caso Fondo Indígena, denuncia tortura psicológica y vulneración de derechos en la cárcel de San Pedro. Afirma ser víctima de persecución política.
Luis Arce denuncia tortura psicológica desde prisión y se declara preso político
El expresidente Luis Arce, detenido desde diciembre de 2025 por el caso Fondo Indígena, denuncia vulneraciones a sus derechos desde la cárcel de San Pedro. En una carta, afirma ser víctima de «tortura psicológica» y que todas las solicitudes de su defensa, incluidos exámenes médicos, han sido rechazadas por el gobierno de Rodrigo Paz.
Denuncias sobre condiciones y proceso legal
Luis Arce sostiene que su detención preventiva fue «un secuestro al margen de la ley» al no existir una orden legal de aprehensión. El exmandatario tampoco recibió notificación previa de ningún proceso en su contra. Su defensa ha visto rechazadas todas sus peticiones, incluida una para realizarse exámenes cardiológicos, lo que pone en riesgo su salud.
Acusaciones de trato vejatorio
Arce denunció que inicialmente fue alojado en un espacio sin condiciones mínimas de habitabilidad y sometido a interrupciones constantes para tomarle fotografías. Aunque esta práctica cesó, afirma que continúan registrándolo con imágenes y videos en el patio de la cárcel. También reclamó el allanamiento reciente de su domicilio.
Llamado a organismos y rechazo a acusaciones
El expresidente hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que garanticen el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Asimismo, rechazó todas las acusaciones en su contra: «Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano».
Antecedentes de la detención
El exmandatario está detenido preventivamente desde diciembre de 2025, por presuntos delitos cometidos cuando era ministro de Economía, en el marco del caso Fondo Indígena.
Conclusión del denunciante
Luis Arce califica el proceso en su contra como una «persecución política, mediática e institucional» y una forma de venganza, dentro de lo que considera un deterioro del Estado de Derecho en Bolivia.