TSE defiende legalidad de retiro de candidatura de NGP en balotaje de La Paz
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, defendió la aceptación de la declinación de NGP para el balotaje en La Paz, basándose en una ley de 2014. El senador Wilder Veliz anunciará una denuncia ante la CIDH.
TSE defiende legalidad del retiro de NGP en balotaje de La Paz
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, defendió la aceptación de la declinación de la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP) para el balotaje de la Gobernación de La Paz. Ávila aseguró que la decisión se basa en una ley vigente desde 2014 y no responde a intereses políticos. El senador Wilder Veliz anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares.
Fundamento legal de la decisión electoral
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, aclaró que el marco legal boliviano permite el retiro de una candidatura antes de la segunda vuelta, una norma establecida hace más de una década. Enfatizó que el Tribunal siempre actuará conforme a la ley y que no es su competencia intervenir en disputas internas de los partidos. Ávila señaló que los vocales del TSE podrían haber enfrentado procesos legales si rechazaban la solicitud.
Reacción política y recurso internacional
Frente a esta decisión, el senador Wilder Veliz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), anunció que acudirá a la CIDH. Veliz argumenta que la suspensión del balotaje vulnera el derecho de más de 2 millones de electores paceños y buscará medidas cautelares para que se realice la segunda vuelta.
Antecedentes y disposición a la fiscalización
Ávila recordó que el retiro de candidaturas en procesos electorales no es un hecho aislado, ya que también ocurrió en los comicios de 2020 y 2025. Sobre las denuncias ante organismos internacionales, el presidente del TSE se mostró tranquilo y dispuesto a la fiscalización.
Cierre: Un asunto regido por la norma
La postura del TSE se centra en aplicar la ley vigente. Ávila reiteró que la normativa está clara desde 2014 y que las críticas deberían haberse basado en su verificación previa. El organismo electoral mantiene que su actuación es estrictamente legal e institucional.