Evo Morales acusa al presidente del TSE de parcialidad y nombramiento ilegal

El expresidente Evo Morales acusó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, de actuar con parcialidad y de haber sido nombrado de manera ilegal. Las acusaciones se producen tras la decisión del TSE de suspender la segunda vuelta electoral en La Paz. Morales cuestiona la imparcialidad de Ávila debido a los cargos que ocupan familiares suyos en el Gobierno.

Cuestionamientos a la imparcialidad del órgano electoral

Evo Morales cuestionó públicamente la objetividad de Gustavo Ávila. “¿Teniendo relaciones políticas, partidarias y familiares con el Gobierno, puede ser imparcial… el que administra la justicia electoral?”, publicó. Señaló los vínculos familiares de Ávila: su hermano es director en la Cancillería y Boliviana de Aviación (BOA), y su primo es presidente del Senado.

Acusaciones de prevaricato y favoritismo político

El expresidente acusó al TSE de favorecer ilegalmente al candidato Luis Revilla. Sugirió que esto podría ser un “pago de favores” por los cargos de sus familiares. Además, Morales sostiene que Ávila debería ser juzgado por prevaricato, al violar leyes como la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que exige imparcialidad.

Una trayectoria marcada por la polémica

La carrera de Gustavo Ávila en la justicia electoral ha estado sujeta a controversias. Su participación en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija durante las polémicas elecciones de 2019 le costó una aprehensión. Fue nombrado vocal del TSE en 2024 por Luis Arce, reemplazando a Dina Chuquimia, quien fue destituida sin cumplir las causales legales. Su ascenso a la presidencia del TSE en diciembre de 2025 se mantiene legalmente cuestionado.

Implicaciones para la credibilidad del proceso electoral

Las acusaciones públicas de una figura política de peso como Evo Morales ponen el foco en la transparencia del TSE. Los señalamientos sobre conflictos de interés y la legalidad del nombramiento de su máxima autoridad plantean un desafío institucional. El caso repercute en la percepción de imparcialidad de los próximos procesos electorales en Bolivia.