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Desempleados de Huanuni denuncian al Gobierno por incumplir promesas laborales

Excooperativistas mineros denuncian que el Gobierno declara inviable su incorporación laboral, incumpliendo compromisos previos. El Ministerio de Minería argumenta que el decreto que invocan fue una medida excepcional de 2006.

Desocupados de Huanuni.
Desocupados de Huanuni. / Urgente.bo / ANF

Desempleados de Huanuni denuncian incumplimiento de promesas laborales del Gobierno

El Gobierno declara inviable la incorporación laboral de excooperativistas. El Ministerio de Minería argumenta que el Decreto Supremo 28901 fue una medida excepcional de 2006. Los afectados consideran esta postura una traición a compromisos previos.

Acusación de traición a la palabra

El representante de los desempleados, Daniel Jarro, denunció el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno de Rodrigo Paz. Jarro expresó indignación por la negativa oficial a retomar el proceso de incorporación. Recordó que el entonces candidato se comprometió a aplicar el decreto si llegaba al poder. El dirigente cuestiona la falta de apertura al diálogo, ya que sus solicitudes de audiencia con el Presidente y el ministro de Minería fueron rechazadas.

Respuesta oficial basada en un informe técnico

El Ministerio de Minería y Metalurgia respondió formalmente declarando inviable la solicitud. Sostiene que el Decreto Supremo 28901 fue una medida «excepcional y de ejecución única» para una coyuntura específica en 2006. Según un informe de la COMIBOL, la etapa de reactivación de la Empresa Minera Huanuni es un ciclo concluido. Por ello, el Ministerio afirma que la norma carece de sustento legal para nuevas contrataciones.

Antecedentes de un decreto polémico

El conflicto se enmarca en el Decreto Supremo 28901. Los excooperativistas demandan su cumplimiento para lograr incorporación laboral, tras movilizaciones desde Huanuni hasta La Paz. El Gobierno actual considera que este decreto fue una solución puntual para una coyuntura pasada.

Cierre: Un conflicto que apela a la historia

La situación implica una divergencia en la interpretación legal e histórica de un decreto. Mientras los desempleados apelan a promesas políticas y su situación histórica, el Gobierno se ampara en informes técnicos y el carácter concluido de un proceso administrativo. El desenlace dependerá de la posible reapertura de un diálogo actualmente cerrado.

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