Campesinos de Beni se retiran de la marcha tras firmar acuerdo con el Gobierno
Un sector de campesinos de Beni abandona la marcha a La Paz tras firmar un acuerdo que limita la Ley 1720 a predios privados titulados y garantiza que no afecta a las TCO. Otro grupo continúa la movilización.
Gobierno firma acuerdo con campesinos de Beni y un sector abandona la marcha
Campesinos de Ballivián y Vaca Díez (Beni) se retiran de la marcha a La Paz tras suscribir un acta con el Gobierno. El acuerdo ratifica que la Ley 1720 se limita a predios privados titulados y no afecta a las TCO. Otro grupo de manifestantes continúa la movilización.
Acuerdo limita la aplicación de la ley a propiedad privada
El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua informó que en el acta se ratifica que la aplicación de la Ley 1720 “se limita exclusivamente a predios privados titulados”. El propósito declarado es facilitar el acceso a financiamiento para esos predios. El documento también garantiza que la norma “no afecta, bajo ninguna circunstancia” a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni a los derechos territoriales de comunidades.
División en la protesta tras el diálogo
Como parte del acuerdo, las regionales de Ballivián y comunidades de Vaca Díez se retirarán de la marcha. Sin embargo, otro grupo de campesinos e indígenas decidió continuar la movilización. Un marchista afirmó que “rompieron el diálogo” porque el Gobierno solo plantea modificar algunos artículos. Otro manifestante precisó que siguen en marcha tras reunirse con autoridades sin poder de decisión.
Antecedentes: La marcha contra la Ley 1720
La movilización partió hace más de una semana desde Pando rumbo a La Paz, demandando la abrogación de la Ley 1720. Esta ley autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana.
Cierre: El conflicto permanece abierto
La firma del acuerdo con un sector campesino de Beni no ha detenido la totalidad de la protesta. La situación implica que el diálogo continúa fragmentado, con un grupo aceptando los compromisos del Gobierno y otro manteniendo la presión en la carretera para exigir cambios más profundos en la polémica ley.