Alcaldía de Santa Cruz pide al TSJ una salida legal para incumplir sentencia
La Alcaldía solicita al Tribunal Supremo de Justicia una salida jurídica para evitar cumplir una sentencia que obliga a entregar el terreno del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi. Un informe del TSJ identificó irregularidades en el caso.
Alcaldía pide al TSJ una vía legal para no entregar el Mutualista a la familia Crapuzzi
El Ejecutivo municipal solicita al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una salida jurídica para evitar cumplir una sentencia constitucional que obliga a la entrega del terreno del mercado Mutualista. El vocero Bernardo Montenegro afirma que se han agotado todas las instancias legales en más de dos años. Un informe del TSJ identificó irregularidades en el caso, pero no anula el fallo.
Una sentencia obligatoria y un informe con irregularidades
La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ordena a la Alcaldía entregar los documentos del predio a Nelson Miguel Crapuzzi. Montenegro explica que, pese a las acciones legales municipales, el fallo es “irreversible e inapelable”. Paralelamente, la comisión del TSJ presentó un informe que señala documentación irregular en la transferencia del terreno e indicios de prevaricato en la sentencia constitucional.
Dos escenarios y la presión sobre el alcalde
El vocero municipal plantea dos caminos: que el TSJ proporcione una vía legal para no ejecutar la sentencia o proceder a su cumplimiento. Destacó que el alcalde Jhonny Fernández es el único procesado en este caso y enfrenta riesgo de detención si incumple el fallo. “El único que está procesado por esto es el alcalde”, afirmó Montenegro.
Antecedentes: Un largo proceso judicial
La Alcaldía agotó instancias legales durante más de dos años, incluyendo un rechazo del Ministerio Público en dos ocasiones y una reconversión a acción ordinaria aún en curso. El proceso busca investigar la presunta falsificación de un plano y irregularidades en una declaratoria de herederos.
Cierre: La búsqueda de una solución jurídica
La situación queda en manos del TSJ. La Alcaldía espera una respuesta formal sobre cómo proceder legalmente ante una sentencia que, aunque considerada irregular, es de cumplimiento obligatorio. El informe del TSJ corrobora las denuncias previas del municipio, pero no resuelve el problema de fondo: la ejecución del fallo.