Marcha desde Pando exige abrogación de la Ley 1720

La norma permite a la pequeña propiedad acceder a crédito bancario. Mientras comunidades de Pando protestan, productores agrícolas de Santa Cruz demandan su reglamentación. La ley fue promulgada el 10 de abril y genera un debate entre quienes ven una herramienta de financiamiento y quienes advierten riesgos.

Un país de tierras comunitarias y fiscales

La estructura de la tenencia de tierra en Bolivia muestra que solo el 10% de las 96,5 millones de hectáreas saneadas es pequeña propiedad. El 90% restante corresponde a tierras comunitarias, TCO, fiscales, o propiedades medianas y empresariales. En Pando, la pequeña propiedad representa entre el 5% y el 8% del territorio.

El argumento a favor: acceso al crédito formal

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, explicó que los pequeños productores acceden a créditos con tasas del 18% al 28% en el comercio, frente al 6% al 9% bancario. El senador Branko Marinkovic, proyectista, afirmó que la ley convierte al pequeño productor en sujeto de crédito y combate el «mercado negro» de financiamiento.

Las críticas: riesgos constitucionales y ambientales

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) señaló que la norma «vulnera principios esenciales de la Constitución». La diputada Cecilia Requena advirtió que el crédito sin control podría derivar en deforestación o incendios.

Acuerdos y desacuerdos en el territorio

En Beni, el Gobierno y organizaciones campesinas firmaron un acuerdo que ratifica que la ley solo aplica a predios privados. Sin embargo, la marcha desde Pando mantiene su rechazo, exigiendo mayor debate público.

Una ley que divide aguas

La Ley 1720 enfrenta posiciones opuestas. Su repercusión define un conflicto entre la necesidad de financiamiento productivo y la protección del modelo de tenencia de la tierra. El diálogo continúa mientras la marcha avanza.