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Gilmar Mendes afronta por primera vez una petición formal de impeachment en el STF

El juez del STF Gilmar Mendes enfrenta la primera recomendación de impeachment contra un magistrado del tribunal. La medida surge del escándalo del Banco Master, con un fraude de 12.200 millones de reales, y pone en jaque la credibilidad del sistema judicial brasileño.

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Imagen sin título / Autor no disponible / Rio Times

Gilmar Mendes afronta un impeachment histórico en Brasil

El magistrado Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), afronta la primera recomendación de impeachment contra un juez del STF en la historia de Brasil. La recomendación, emitida por una comisión parlamentaria (CPI) el 14 de abril de 2026, se basa en el escándalo financiero del Banco Master y en la anulación de citaciones legislativas para proteger a otros jueces.

La carrera de Mendes: del derecho constitucional a la crisis ética

Gilmar Mendes, nacido el 30 de diciembre de 1955 en Diamantino, fue nombrado juez del STF el 20 de junio de 2002. Es el magistrado activo con más antigüedad, cargo que mantendrá hasta su retiro obligatorio en 2030. Durante su carrera, ha sido ponente en casos clave como la despenalización del cannabis en 2024 y la anulación de las condenas de Lula en 2021. También emitió una decisión individual (monocrática) en diciembre de 2025 para restringir las solicitudes de impeachment contra jueces del STF, que revocó parcialmente tras un rechazo bipartidista.

El Instituto IDP y los conflictos de interés

Mendes cofundó el Instituto Brasiliense de Derecho Público (IDP) en 1998. En agosto de 2023, el IDP firmó un contrato de 10 años con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por unos 9,2 millones de reales anuales. En enero de 2024, Mendes emitió una orden judicial que repuso al presidente de la CBF sin inhibirse a pesar del vínculo económico. Además, entre 2008 y 2016, JBS, una empresa condenada por corrupción, pagó 7,5 millones de reales al IDP. El Consejo Nacional de Justicia consideró en 2008 que usar el prestigio judicial para obtener beneficios privados era “inadecuado”.

La crisis del Banco Master y la recomendación de impeachment

El colapso del Banco Master a finales de 2025, con un fraude estimado en 12.200 millones de reales, llevó a la CPI del Crimen Organizado a recomendar el impeachment de Mendes, junto al de los jueces Dias Toffoli y Alexandre de Moraes. Las acusaciones contra Mendes incluyen anular las citaciones de la CPI para obtener registros bancarios de una empresa vinculada a Toffoli y aceptar un vuelo en un avión privado vinculado a Marcos Molina, quien pagó 16,7 millones de reales a entidades relacionadas con el dueño del Banco Master.

Las barreras para la destitución

A pesar de la recomendación, la destitución de Mendes es improbable. El informe de la CPI no tiene fuerza legal vinculante. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, se ha negado a crear una CPI dedicada al Banco Master y ha archivado más de 100 solicitudes de impeachment contra jueces del STF. Se necesitan 54 votos en el Senado para una condena, y los aliados de Lula en el Congreso ofrecen una protección. Brasil nunca ha destituido a un juez del STF.

El problema estructural del STF: la “ministrocracia”

El STF opera bajo un sistema de ministrocracia, donde aproximadamente el 90% de las decisiones las toman jueces individuales, no el pleno. Esta concentración de poder permite que un solo juez emita órdenes de alcance nacional. Una encuesta de 2026 indica que el 72% de los brasileños cree que el STF tiene un poder excesivo.

La reforma ética estancada

El presidente del STF, Edson Fachin, impulsó un código de ética judicial en marzo de 2026, pero no ha avanzado. Toffoli y Moraes se opusieron al código en el pleno. La crisis de credibilidad del tribunal, con un 67% de brasileños que creen que los jueces anteponen sus intereses, se produce en un año de elecciones generales.

El legado de Mendes y el futuro del STF

Gilmar Mendes permanecerá en el cargo hasta 2030. Su caso es el centro de la crisis ética más grave en la historia democrática del STF. La presión para una reforma institucional, proveniente del Senado, la sociedad civil y el colegio de abogados, determinará si el tribunal cambia su funcionamiento o si la inercia interna y la protección política impiden cualquier modificación.

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