Fiscal General descarta que el Ministerio Público defina la propiedad del terreno del Mutualista

El fiscal General del Estado, Róger Mariaca, aclaró que no es facultad del Ministerio Público determinar la propiedad de un bien inmueble. La autoridad informó desde Santa Cruz que se analizan nuevos indicios para posiblemente reabrir la investigación penal del caso, la cual tiene plazos establecidos.

Fiscalía delimita su rol en el conflicto por el mercado

Róger Mariaca señaló que la función de la Fiscalía es investigar hechos, no acreditar derechos propietarios. Para eso están las autoridades competentes, apuntó. Reveló que se tiene conocimiento de una sentencia constitucional previa vinculada al caso y que, en base a nuevos informes, se analiza reaperturar la investigación contra el alcalde Johnny Fernández, quien tiene medidas sustitutivas.

Posible reapertura del proceso penal

Mariaca explicó que la fiscal a cargo del caso debe considerar la reapertura en base a nuevos indicios. Subrayó que, para reabrir un proceso penal, este debe estar dentro del término de un año desde su cierre, un plazo que actualmente se evalúa.

Respuesta de la Alcaldía de Santa Cruz

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, afirmó que la comuna agotó todas las instancias legales en defensa de los predios del mercado Mutualista en los últimos dos años y medio. Declaró que el municipio está obligado a cumplir una sentencia constitucional vigente que ordena entregar los papeles del terreno a Nelson Crapuzzi.

Alcalde obligado por fallo constitucional

Montenegro sostuvo que el alcalde Johnny Fernández debe cumplir la sentencia porque se excedieron los plazos y porque el edil se encuentra actualmente con medidas sustitutivas. Lamentó que el Tribunal Supremo de Justicia no haya dejado sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Antecedentes del caso Mutualista

El conflicto gira en torno a la propiedad del terreno del mercado Mutualista. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional que, por presunto incumplimiento, llevó a la imputación del alcalde Johnny Fernández. La Alcaldía sostiene haber agotado la defensa legal de los predios.

Cierre: Implicaciones legales en curso

El caso sigue dos vías paralelas: la posible reapertura de la investigación penal por la Fiscalía y el cumplimiento obligatorio de una sentencia constitucional por parte de la Alcaldía. La definición final de la propiedad dependerá de las autoridades competentes en la materia, no del Ministerio Público.