Analistas y actores mineros coinciden en necesidad de reforma legal en Bolivia
Expertos y representantes de los sectores mineros estatal, privado y cooperativo de Bolivia coinciden en la necesidad urgente de reformar la Ley N° 535. El debate se centra en regalías, acceso a áreas, control estatal y condiciones equitativas para la inversión.
Analistas y sectores mineros coinciden en necesidad urgente de reformar ley minera
Las propuestas divergen en regalías, acceso a áreas y rol del Estado. Expertos y representantes del sector privado, cooperativo y estatal reconocen la urgencia de modificar la Ley N° 535. El debate se centra en si priorizar la soberanía estatal o flexibilizar normas para dinamizar la producción.
Visión estatal: reforzar soberanía y control de recursos
El analista Héctor Córdova señaló que la reforma es “una tarea pendiente y urgente” porque la norma actual contradice la Constitución. Criticó que el Estado pierde control del mineral tras el pago de regalías. Propone que el Estado mantenga la propiedad efectiva del recurso y defina su destino, reconociendo a privados y cooperativas la inversión y una utilidad. También abogó por fortalecer los derechos de las comunidades para decidir sobre actividades mineras en sus territorios.
Críticas ambientales y a las regalías
Córdova planteó normativa más estricta para minería en áreas protegidas. Cuestionó la reducción de la regalía del oro al 2,5% para pequeña escala, calificándola como una decisión política perjudicial.
Perspectiva del sector privado: equilibrar normas y clarificar tributos
Néstor Choque, de la Cámara Nacional de Minería (CANALMIN), afirmó que la ley actual pone en desventaja al sector privado frente al cooperativo. Denunció más sanciones, requisitos y trabas administrativas para los privados. Su principal demanda es un plan de formalización que equipare condiciones. Señaló que el régimen tributario y de regalías carece de claridad, generando incertidumbre y limitando la inversión.
Falta de representación institucional
Choque cuestionó la falta de un espacio institucional para el sector privado en instancias gubernamentales, a diferencia del cooperativo, lo que los deja en desventaja en la toma de decisiones.
Demanda cooperativa: acceso a nuevas áreas de trabajo
Octavio Ramos, del sector cooperativo, puso el énfasis en el acceso a nuevas áreas de explotación. Identificó como problema la “inmovilización” de extensas áreas bajo control de COMIBOL, que permanecen ociosas y limitan la generación de empleo en Potosí, La Paz y Oruro. Propuso que la discusión de la reforma incorpore dimensiones sociales, económicas y laborales, no solo técnicas.
Un llamado a un debate amplio e integral
Pese a las diferencias, los tres actores ven en una eventual cumbre minera el espacio para debatir estos temas. Héctor Córdova insistió en que el proceso debe ser amplio e incluir a universidades, gobiernos subnacionales, organizaciones sociales y ambientales, además de los tres sectores mineros.
Antecedentes de la discusión
La necesidad de reformar la normativa minera en Bolivia generó coincidencias entre analistas y actores del sector, aunque las propuestas divergen en aspectos clave como el régimen de regalías, el acceso a áreas de explotación y el rol que debe asumir el Estado. Mientras unos plantearon recuperar la soberanía sobre los recursos, otros priorizaron la flexibilización de reglas para dinamizar la producción y el empleo.
Implicaciones de la reforma pendiente
El debate sobre la reforma minera define el futuro modelo de gestión de los recursos minerales. Las decisiones afectarán el control estatal, la inversión privada, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las comunidades. El éxito del proceso dependerá de la capacidad para integrar visiones divergentes en una normativa clara y previsible para todos los actores.