Fiscalía admite denuncia contra exmagistrados y jueza por caso Mutualista

El Ministerio Público admitió la denuncia presentada contra dos exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una jueza. La acción judicial se enmarca en las investigaciones del caso Mutualista, que analiza la propiedad del mercado cruceño, reclamada por la familia Crapuzzi. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, facilitó la información.

Actores investigados y presuntas irregularidades

La denuncia alcanza a los exmagistrados Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores Condori, y a la jueza de Pailón Mery Yanet Mojica Peña. Un informe de la Unidad de Transparencia del TSJ identificó presuntas irregularidades. Entre los hallazgos figuran documentación cuestionada en la transferencia del terreno e inconsistencias sobre la identidad del supuesto propietario.

Cuestionamiento a decisiones judiciales

Según Saucedo, la jueza Mojica Peña admitió un recurso sin competencia territorial y dispuso medidas cautelares que afectaban al mercado. La investigación también alcanza a decisiones constitucionales que podrían contener indicios de prevaricato. El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público deberán determinar responsabilidades.

Origen y seguimiento del proceso

La denuncia surge de un informe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del TSJ. Saucedo afirmó que este paso marca un precedente frente a posibles actos de prevaricato. La Unidad de Transparencia realizará un seguimiento permanente al proceso para garantizar el debido proceso.

Contexto del caso Mutualista

El caso Mutualista investiga la propiedad del mercado cruceño, la cual es reclamada por la familia Crapuzzi. El caso ha generado amplio debate en Santa Cruz, en medio de cuestionamientos sobre la propiedad del predio y su condición como bien de dominio público.

Implicaciones del procedimiento

La admisión de la denuncia inicia una fase de investigación formal contra las autoridades judiciales señaladas. El proceso busca esclarecer las responsabilidades dentro del sistema judicial en un caso de alto impacto público en Santa Cruz.