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Fiscalía y Policía secuestran documentos de YPFB por presunto sobreprecio en compra de crudo

La Fiscalía y la Policía intervinieron las oficinas de YPFB en La Paz y Santa Cruz. Secuestraron documentos relacionados con un contrato con Trafigura por un presunto sobreprecio de 4 millones de dólares en la compra de crudo.

Los investigadores secuestraron la documentación
Los investigadores secuestraron la documentación / UNITEL / Unitel

Fiscalía y Policía secuestran documentos de YPFB por presunto sobreprecio

Un daño económico estimado de 4 millones de dólares motivó la intervención de las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El operativo, ejecutado por la Fiscalía y la Policía, se realizó este viernes en La Paz y Santa Cruz. Los investigadores buscan probar un presunto sobreprecio en la compra de crudo a la empresa Trafigura.

Intervención simultánea en dos ciudades

Una comisión de fiscales y agentes de la Policía secuestró toda la documentación relacionada con los contratos de compra de crudo. El fiscal Omar Quisberth confirmó que se recolectaron «elementos de convicción» vinculados al contrato con Trafigura. Además, se emitieron citaciones para que funcionarios de YPFB presten declaración informativa en la Fiscalía.

Delitos investigados y repercusión

La investigación se centra en los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) participó en la intervención de las oficinas. El caso afecta directamente a YPFB y a la empresa Trafigura, señalada como contraparte en los contratos bajo sospecha.

Antecedentes de la investigación

La denuncia inicial alertó sobre un presunto sobreprecio en la adquisición de crudo. La Fiscalía abrió una investigación para determinar la responsabilidad de los «autores» del hecho. Los contratos con Trafigura ya estaban bajo la lupa antes del operativo de este viernes.

Implicaciones del caso

El secuestro de documentos y las citaciones a funcionarios de YPFB marcan el inicio formal de la etapa de recolección de pruebas. La estimación del daño económico en 4 millones de dólares sitúa el caso como un posible perjuicio significativo para el Estado boliviano. La revisión de los contratos determinará las responsabilidades penales.

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