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Justicia retrasa inspección clave para planta de residuos en Okinawa Uno

El Tribunal Agroambiental suspendió por cuarta vez la audiencia para inspeccionar la planta de residuos de Okinawa Uno, paralizada desde 2025. La infraestructura, valorada en Bs 3 millones, se deteriora mientras el botadero municipal acumula basura sin control, con riesgo de sanciones.

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Imagen sin título / Autor no disponible / EL DEBER

La justicia aplaza la inspección a una planta de residuos en Okinawa Uno

Sin fecha para la inspección judicial, la planta de tratamiento de residuos sólidos en Okinawa Uno continúa paralizada por orden judicial desde febrero de 2025, generando riesgo ambiental y social.

Audiencia suspendida por cuarta vez

La última audiencia, prevista para el viernes 24 de abril de 2026, fue suspendida. El ingeniero Román Vitrón, especialista ambiental, indicó a EL DEBER que esta es la cuarta suspensión (tres en 2026 y una en 2025). La Justicia debe determinar la fecha en que una comisión inspeccionará las instalaciones, pero aún no lo ha hecho.

Infraestructura millonaria en deterioro

Mientras la planta permanece parada, el botadero municipal acumula residuos de forma inadecuada. Vitrón advirtió que la infraestructura, valorada en más de Bs 3 millones, se está deteriorando y que la maleza crece sin control en el predio de cinco hectáreas. Además, no se recogen residuos del área urbana de forma adecuada.

Origen del conflicto: demanda de la comunidad

El conflicto comenzó en agosto de 2024, cuando dirigentes de la comunidad campesina Nueva Esperanza presentaron una demanda de acción ambiental contra la Alcaldía de Okinawa Uno, alegando una supuesta contaminación de reservorios de agua cerca de la planta. En febrero de 2025, la Justicia Agroambiental de Santa Cruz ordenó la paralización temporal de la planta.

Riesgo de sanciones por incumplimiento normativo

Una resolución ministerial de mayo de 2021 fijó como plazo máximo el 18 de mayo de 2026 para el cierre técnico o rehabilitación de los botaderos en todo el país. Vitrón señaló que el perjuicio es ambiental y social porque no se cumple la normativa nacional, y que de no actuar podrían aplicarse sanciones. El botadero municipal tiene una licencia ambiental de 2019 y ya debió haber sido cerrado.

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