El Comité Pro Santa Cruz denuncia un Estado en descomposición tras el asesinato del magistrado Claure

El asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure es calificado por el Comité Pro Santa Cruz como «el síntoma final de un Estado en descomposición». La organización civil emitió un pronunciamiento tras el crimen ocurrido en Santa Cruz, señalando que las mafias ya no temen a la justicia.

Acusación directa contra el Gobierno y las mafias

El Comité Pro Santa Cruz señaló en su comunicado que las mafias organizadas, sean del narcotráfico o de la tierra, han aprendido que la ley en Bolivia no tiene quien la defienda. La organización advierte que estos hechos no son crímenes comunes, sino un ataque contra la libertad y la democracia. El pronunciamiento indica que existe una «permisividad criminal heredada de estructuras del Movimiento al Socialismo (MAS)».

Exigencia a las autoridades

La institución exhortó al Ministerio de Gobierno, a la Policía y a la Fiscalía a ejecutar acciones inmediatas. «Su pasividad es nuestra condena. Un pueblo que vive con miedo no es un pueblo libre», afirma el comunicado. El Comité exige que estas instituciones cumplan su rol constitucional para frenar la violencia en la capital cruceña.

Contexto del crimen y reacción familiar

El cuerpo del magistrado Víctor Hugo Claure llegó al aeropuerto de Cochabamba la noche del viernes en un vuelo comercial. Su esposa y familiares lo retiraron entre llanto y dolor para llevarlo a un salón velatorio. La familia aún no ha confirmado si el entierro será en Cochabamba o en el municipio de Tiraque, de donde era oriundo. La Policía presume que el móvil del asesinato estaría relacionado con un problema de tierras.

Implicaciones de un Estado en crisis

El Comité Pro Santa Cruz sostiene que el asesinato del magistrado es el «certificado de defunción del Estado de derecho». La organización concluye que no se puede recuperar el país sin recuperar las instituciones de las manos que las han corrompido, lo que deja entrever una crisis de legitimidad institucional en Bolivia.