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Marcha indígena llega a La Paz y da ultimátum de 24 horas al Gobierno

La marcha de pueblos indígenas y campesinos del norte amazónico de Bolivia llega a La Paz y da un ultimátum de 24 horas al Gobierno para abrogar la Ley 1720, que permite la reconversión de tierras.

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Imagen sin título / Autor no disponible / ANF

La marcha indígena da 24 horas al Gobierno para abrogar la Ley 1720

La marcha de pueblos indígenas y campesinos del norte amazónico de Bolivia llegó a las puertas de La Paz y exige la abrogación de la Ley 1720 en un plazo de 24 horas a partir del lunes 4 de mayo de 2026. El dirigente Faifer Cuajera lidera la protesta.

Llegada a Urujara y ultimátum de 24 horas

La columna de manifestantes alcanzó la tranca de Urujara, en el acceso a La Paz, el 2 de mayo de 2026. Tras descansar el fin de semana, el lunes ingresarán a la sede del Gobierno. El secretario ejecutivo de la Federación de campesinos Madre de Dios de Pando, Faifer Cuajera, afirmó que a partir de ese día conceden 24 horas a las autoridades para abrogar la Ley 1720, que permite la reconversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad.

Salud de los marchistas y exigencias

La caminata duró 24 días y al menos 50 integrantes sufrieron problemas de salud por el mal de altura. Según la Fundación Tierra, fueron atendidos por los bomberos de La Paz y dados de alta. La delegación de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) incluía a 30 niños y niñas. Los manifestantes exigen, además de la abrogación, seguridad jurídica para sus tierras y rechazan el proyecto de ley antibloqueos.

Argumentos en contra y a favor de la Ley 1720

Los indígenas sostienen que la ley provoca concentración de la tierra y permite el despojo de pequeños propietarios, al posibilitar la venta o hipoteca de la propiedad convertida. El Gobierno de Rodrigo Paz defiende la norma argumentando que facilitará el acceso a créditos para mejorar la producción.

Polémica por la falta de consulta

El dirigente Faifer Cuajera lamentó que la ley fuera aprobada sin consultar a los afectados. El senador Branko Marinkovic, autor del proyecto, asegura que sí consultó a los pequeños productores.

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