Saucedo denuncia «ausencia de Estado» tras asesinato de magistrado

El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, exigió protección para magistrados en una entrevista a CNN. Afirmó que el sicariato «le dobló el brazo al Estado» tras el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure en Santa Cruz. Denunció que el Gobierno no respondió a la solicitud formal de garantías de seguridad y desmintió la creación de la USEDI.

Denuncia en CNN sobre la crisis de seguridad

En la entrevista, Saucedo cuestionó la respuesta del Gobierno y reveló que el Órgano Judicial no recibió respuesta formal a la carta enviada al presidente solicitando seguridad para magistrados. «No se puede vivir en un país donde el sicariato le dobló el brazo al Estado», sostuvo.

La autoridad judicial desmintió el anuncio gubernamental sobre la creación de la Unidad de Seguridad de Dignatarios (USEDI). «USEDI ya existe, ya existía. No es que la están creando, eso es falso», afirmó.

Falta de protección policial especializada

Saucedo explicó que solo el presidente del TSJ cuenta con un edecán policial permanente. El resto de magistrados carece de personal especializado de seguridad a pesar del incremento de amenazas. «Lo que le hemos pedido al presidente es que personal policial esté destinado a la seguridad de cada uno de los magistrados», indicó.

Críticas a la respuesta gubernamental

El titular del TSJ aseguró que la protección policial dispuesta fue una reacción posterior al asesinato y no una política preventiva. Afirmó que Bolivia atraviesa una «ausencia de Estado» frente al crimen organizado, algo que «ha reconocido incluso el propio ministro de Gobierno».

Repercusión del asesinato de Víctor Hugo Claure

El asesinato del magistrado agroambiental ocurrió el fin de semana en Santa Cruz en un ataque con características de ejecución. La Fiscalía y la Policía continúan investigando el caso, que ha generado alarma nacional por posibles conexiones con estructuras criminales y su impacto en la independencia judicial.

Antecedentes de la crisis de seguridad judicial

Saucedo atribuyó la situación a problemas estructurales acumulados durante años. Pidió acciones urgentes para restablecer la seguridad y fortalecer la institucionalidad judicial. «Lo que tiene que hacer el Estado es desterrar esa ausencia y generar presencia real», remarcó.

Implicaciones para el Estado boliviano

Las declaraciones evidencian una crisis de seguridad en el Órgano Judicial. La falta de respuesta gubernamental y la ausencia de protección preventiva ponen en riesgo a magistrados y altas autoridades judiciales frente al avance del sicariato y el crimen organizado.