La Gobernación de Santa Cruz propone dejar de pagar la comida en las cárceles

La Gobernación de Santa Cruz plantea liberar recursos destinados al pago de prediarios para los reos, una obligación que considera competencia del Gobierno central. La propuesta surge por el alto costo de alimentar a entre 9.000 y 9.500 internos en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, que supera los 72.000 bolivianos diarios.

El coste diario de alimentar a los presos

El nuevo secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, afirmó que la Gobernación quiere realizar un diagnóstico sobre el uso de recursos del IDH. Según Santistevan, «esos más de 40 millones (de Bolivianos) que se entregan para las cuestiones del prediario que se da en la cárcel de Palmasola no hay porqué los asuma la Gobernación; es una responsabilidad del Estado». La autoridad cuestionó que una institución departamental termine cubriendo gastos de recintos controlados por el nivel central.

División de responsabilidades legales

El actual esquema legal divide responsabilidades: el Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario administran las cárceles; la Policía Boliviana se ocupa de la custodia; los jueces de Ejecución Penal supervisan las condenas; y las gobernaciones financian los prediarios. Este esquema fue consolidado en 2005 mediante la Ley 3302, aprobada durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. Posteriormente, el Decreto Supremo 1854 de 2013, firmado por Evo Morales, determinó que las entidades departamentales serían responsables del pago total de los prediarios.

El origen de la financiación departamental

El ex director departamental de Régimen Penitenciario Juan Carlos Justiniano recordó que el financiamiento compartido de prediarios surgió como un mecanismo de apoyo social para mejorar la alimentación de internos de escasos recursos. Explicó que en 2011 se firmaron convenios entre Régimen Penitenciario y las gobernaciones para cubrir una contraparte del gasto. Sin embargo, advirtió que el crecimiento de la población carcelaria terminó convirtiendo esa ayuda en una carga económica cada vez más pesada para las administraciones departamentales. «Al ser hoy casi 9.000 internos, ya se vuelve caro el pago», señaló.

Repercusión de la crisis penitenciaria

La propuesta de la Gobernación ocurre en un contexto crítico. Según datos oficiales, Bolivia registró en 2025 una población penitenciaria de 33.275 personas para una capacidad de apenas 15.598 plazas, reflejando un hacinamiento superior al 105%. En el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, el hacinamiento es del 205%. Para Vladimir Peña, ex secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, el debate sobre devolver esa carga financiera al nivel central es legítimo. Peña calificó de «grotesco» que las administraciones departamentales deban cubrir uno de los costos más sensibles del sistema penitenciario, sin participar de las políticas de rehabilitación, infraestructura o reinserción.