La criminalidad afecta al 32% de territorios indígenas amazónicos

La criminalidad organizada afecta al 32% de los territorios indígenas en la Amazonía, según un informe de Amazon Watch. El estudio, presentado en la ONU el 20 de abril de 2026, analiza siete territorios en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela.

El impacto de las economías ilícitas

El informe titulado “The Amazon Under Siege: How Crime and Militarization Threaten Indigenous Peoples” describe cómo actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas operan como sistemas interconectados. Estas economías comparten rutas, infraestructura y mecanismos de protección armada.

Violencia sistemática contra las comunidades

El estudio señala que al menos 296 defensores ambientales han sido asesinados en la Amazonía desde 2012. Las mujeres enfrentan violencia sexual y trata, mientras que los niños y adolescentes sufren reclutamiento forzoso, trabajo forzado y esclavitud. Las redes criminales ya afectan al 67% de los municipios amazónicos.

El fracaso de las respuestas militares

El coautor del informe, Raphael Hoetmer, afirmó que “la respuesta estatal a menudo empeora las cosas”. La militarización genera nuevas formas de violencia y control, en lugar de fortalecer las respuestas propias de los pueblos indígenas. La ONG presentó el informe el 20 de abril en el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas en Nueva York.

Territorios en disputa

Entre los casos destacados figuran el pueblo Munduruku en Brasil, afectado por la minería ilegal con presencia de los grupos criminales PCC y CV, y el territorio de los pueblos indígenas de Putumayo en Colombia, epicentro de producción y tráfico de cocaína con grupos como CDF. En Ecuador, la Nación Kichwa de Napo sufre minería ilegal con presencia de Los Lobos y Los Choneros. En Perú, el pueblo Kakataibo enfrenta presión de narcotráfico y minería, mientras que en Venezuela los territorios ricos en oro y coltán albergan grupos armados colombianos como el ELN y disidencias de las FARC.

El origen de las economías ilegales

El informe se basa en el análisis de siete escenarios territoriales en los cinco países y en testimonios recogidos durante la Cumbre Internacional de Defensores celebrada en febrero en Pucallpa (Perú). Los autores identificaron patrones de violencia y modificaciones en los territorios étnicos debido a la presencia de actores armados y actividades extractivas.

Las implicaciones del estudio

El informe concluye que la mejor estrategia de seguridad en territorios indígenas es el respeto a sus derechos, la autodeterminación y la participación de las comunidades. Hoetmer señaló que los pueblos indígenas deben ser vistos como “socios estratégicos centrales” para abordar el problema, aunque necesitan apoyo estatal. La violencia y la criminalización persisten, como denunció Jackeline Odicio, presidenta de la Federación de Mujeres Kakataibo: “No somos violentos; simplemente defendemos nuestros territorios”.