La CAO acepta derogar la Ley 1720 y propone nueva norma en 60 días

La Confederación Agropecuaria del Oriente (CAO) acordó con el Senado iniciar consensos para una nueva ley de conversión de tierras en un plazo de 60 días, tras una reunión con autoridades de Gobierno este martes en La Paz. El objetivo es sustituir la normativa actual y contribuir a la pacificación del país.

Acuerdo para desbloquear el conflicto

El ejecutivo de la CAO, Klaus Frerking, informó que el pacto contempla la participación de las comisiones agrarias departamentales para generar consensos en todo el país. “Hemos quedado con el presidente de Senadores, Diego Ávila, que las comisiones agrarias departamentales van a empezar a hacer todo un consenso en cada departamento”, declaró a medios en La Paz. El anuncio coincide con el tratamiento legislativo de un proyecto de abrogación de la actual Ley 1720 en la Cámara de Senadores.

Postura del sector agropecuario

Frerking enfatizó que el sector mantendrá su posición en defensa de la seguridad jurídica y la productividad. Además, cuestionó las medidas de presión en el país: “Los bloqueos no pueden continuar por una excusa, son totalmente políticos”. Aseguró que los agropecuarios no se prestarán a ser utilizados políticamente por los bloqueos. En la reunión participaron representantes de distintos sectores productivos, autoridades del Legislativo y miembros del gabinete ministerial.

Antecedentes de la disputa por la Ley 1720

La Ley 1720 de conversión de tierras ha generado un conflicto entre el sector agropecuario y organizaciones campesinas. Estas últimas permanecen en estado de alerta a la espera de su abrogación, mientras la CAO buscaba garantías para la seguridad jurídica de los productores. La tensión ha derivado en bloqueos y medidas de presión que el sector agropecuario atribuye a intereses políticos.

Implicaciones del nuevo consenso

El acuerdo sienta las bases para reemplazar la Ley 1720 en un plazo de 60 días mediante consensos departamentales. La propuesta deberá equilibrar las demandas de los pequeños productores y la seguridad jurídica de los agropecuarios. La reunión con autoridades del Legislativo y el Ejecutivo busca encaminar soluciones al conflicto y evitar nuevas movilizaciones en el país.