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Cívicos piden al Gobierno desbloquear carreteras tras abrogación de Ley 1720

El Comité pro Santa Cruz y la CAO pidieron al Gobierno garantizar el libre tránsito tras la abrogación de la Ley 1720. Aceptan esperar 60 días para una nueva norma para el pequeño productor.

El Comité pro Santa Cruz se pronunció ante las movilizaciones.
El Comité pro Santa Cruz se pronunció ante las movilizaciones. / Erbol / Diario Correo del Sur

Los cívicos exigen desbloquear carreteras tras abrogar Ley 1720

El Comité pro Santa Cruz y la CAO pidieron al Gobierno que garantice el libre tránsito porque ya no existe excusa para las movilizaciones. La dirigencia cruceña aceptó la abrogación de la Ley 1720 y esperar 60 días para elaborar una nueva norma para el pequeño productor.

Dirigentes cruceños reclaman orden al Gobierno

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que el presidente Rodrigo Paz debe hacer respetar la voluntad del país. «Si tiene que desbloquear a todos estos vagos de la COB, que haga el uso legítimo de las fuerzas del orden», declaró. El dirigente aseguró que no pueden estar sometidos al capricho de unos cuantos y exigió que el Gobierno ponga orden para que el país pueda trabajar y producir.

Presión sobre el Ejecutivo tras la abrogación

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, manifestó que ya no hay excusa para que el Gobierno habilite el libre tránsito. «No podemos permitir que vuelvan los que nos gobernaron 18 y 20 años», advirtió Frerking. El directivo señaló que la Ley 1720 no debía ser el pretexto para un corte constitucional.

La postura inicial de los cívicos cruceños

La dirigencia cruceña defendía la Ley 1720, pero aceptó su abrogación. El Comité pro Santa Cruz y la CAO acordaron esperar 60 días para elaborar una nueva norma para el pequeño productor. Esta decisión se tomó con el ánimo de pacificar el país y quitarles la excusa a las movilizaciones.

Implicaciones del ultimátum al Gobierno

Los cívicos y la CAO ponen en manos del presidente Paz la responsabilidad de desbloquear las carreteras usando las fuerzas del orden. La dirigencia cruceña condiciona la paz social a la acción del Ejecutivo contra los bloqueadores, al considerar que la abrogación de la ley elimina cualquier justificación para mantener las protestas.

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