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Canciller afirma que manifestantes no lograron provocar muertos en La Paz

Fernando Aramayo denunció que los manifestantes en La Paz buscaban generar víctimas mortales para culpar al Gobierno, la policía y los militares. Grupos violentos destruyeron infraestructura pública y agredieron a periodistas.

El canciller Fernando Aramayo en declaraciones a radio Fides.
El canciller Fernando Aramayo en declaraciones a radio Fides. / captura / Radio Fides

El canciller asegura que los manifestantes buscaban «muertos»

Los manifestantes no lograron su objetivo de generar víctimas mortales para culpar al Gobierno, según el canciller Fernando Aramayo. Los hechos ocurrieron este lunes en La Paz durante una movilización violenta. El canciller condenó la destrucción y el pillaje.

Ataques y destrucción en La Paz

El canciller Fernando Aramayo declaró a radio Fides que los manifestantes querían que se generara un muerto para endilgárselo a la policía, militares y al Gobierno. Grupos a los que calificó de «hordas» destruyeron la infraestructura de Mi Teleférico, atacaron los juzgados del Palacio de Justicia y destrozaron la mercadería de comerciantes. También agredieron a un policía en la línea azul del teleférico, dejándolo herido, y atacaron a periodistas.

Consigna de renuncia y violencia

La movilización estuvo protagonizada por campesinos y evistas con la consigna de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Aramayo señaló que el único grito era «renuncia» y acabar con la democracia. Afirmó que la violencia y la interrupción del orden constitucional son innegociables y que «el delito se castiga».

Antecedentes de la movilización

Los manifestantes llegaron a la ciudad de La Paz con el objetivo de forzar la salida del presidente Rodrigo Paz. La protesta derivó en actos vandálicos contra bienes públicos y privados, incluyendo el sistema de teleférico y juzgados.

Implicaciones del conflicto

El Gobierno mantiene su voluntad de diálogo, pero no negociará con quienes buscan violencia o derrocar la democracia. Aramayo advirtió que los responsables de los delitos responderán ante la ley, lo que anticipa una postura firme contra los actores de la protesta violenta.

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