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Abogados de Marset se reúnen con Fiscalía de EE.UU. para analizar posibles acuerdos

Los abogados del narcotraficante Sebastián Marset se reunieron con la Fiscalía de Estados Unidos para revisar las pruebas. El juez prorrogó la audiencia preliminar hasta el 1 de julio por la complejidad del caso.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra.
Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. / Archivo / El País de Uruguay

La defensa de Marset negocia con la Fiscalía de EEUU un posible acuerdo

Los abogados del narcotraficante Sebastián Marset se reunieron con el equipo fiscal de Estados Unidos para analizar las pruebas en su contra. El encuentro ocurrió mientras el juez del caso aprobó una prórroga de la audiencia preliminar hasta el 1 de julio debido a la complejidad del proceso.

Reunión entre la defensa y la Fiscalía para revisar la evidencia

Los abogados de Sebastián Marset, liderados por Santiago Moratorio, se reunieron con el equipo fiscal encabezado por Anthony T. Aminoff. El objetivo era intercambiar criterios sobre la evidencia, que según la Fiscalía acumula más de 22 gigabytes de documentación digital. El diario uruguayo El País informó que se analiza un posible acuerdo de culpabilidad, aunque su avance no se ha confirmado.

Prórroga de la audiencia preliminar

Estaba prevista una audiencia preliminar para este miércoles, pero el juez Rossie D. Alston Jr. aprobó una prórroga hasta el 1 de julio. La resolución judicial cita “la naturaleza extraterritorial del caso, la sustancial prueba previa al juicio que requiere traducción y las solicitudes de prueba pendientes a un país extranjero en virtud de un tratado” como causas de la demora.

Posible condena de hasta veinte años de prisión

La última comparecencia de Marset fue en abril, cuando el juez Alston Jr. leyó los cargos en su contra. El fiscal advirtió que se podrían presentar más cargos. El narcotraficante enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas que pueden superar los 500.000 dólares.

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