Bolivia solicita a la OEA acompañamiento político para preservar la democracia
El canciller Fernando Aramayo denunció ante la OEA acciones de desestabilización, como ataques a instituciones y bloqueos, que amenazan el orden democrático en Bolivia. Solicitó acompañamiento político en cinco puntos.
Bolivia pide a la OEA acompañamiento político para preservar la democracia
El canciller Fernando Aramayo denunció ante la OEA acciones de desestabilización que amenazan la estabilidad institucional y el orden democrático en Bolivia.
Denuncia ante el Consejo Permanente
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el canciller Fernando Aramayo alertó sobre acciones promovidas por grupos organizados que, según el gobierno, sobrepasaron el derecho a la protesta para convertirse en estrategias de desestabilización y debilitamiento del gobierno constitucional.
Ataques y desabastecimiento
Aramayo describió un panorama con ataque a instituciones públicas, amenazas a servidores del Estado y bloqueo de rutas estratégicas. Estas medidas provocaron desabastecimiento de alimentos e insumos médicos, obligando al Estado a recurrir a cooperación humanitaria de países amigos.
El canciller lamentó que actores políticos hayan optado por desconocer las decisiones de la justicia constitucional, invalidando las vías jurisdiccionales para resolver la crisis.
Solicitud de cinco puntos
Bolivia solicitó formalmente apoyo al Consejo Permanente y a los Estados miembros. Aramayo planteó cinco puntos: reafirmar el compromiso con el orden democrático; condenar la violencia política; respaldar los esfuerzos de diálogo; expresar solidaridad con el pueblo boliviano; y solicitar acompañamiento político del Secretario General de la OEA.
Contexto de la crisis
La intervención del canciller se produjo ante una serie de hechos que el gobierno califica como amenaza a la estabilidad institucional, con grupos organizados que sobrepasaron la protesta pacífica para implementar estrategias de desestabilización.
Implicaciones de la petición
La solicitud busca que la OEA actúe como garante de la institucionalidad ante lo que el gobierno boliviano califica como un intento de quebrantar el sistema de garantías constitucionales, reafirmando el compromiso de Bolivia con la Carta de la OEA y el multilateralismo.