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Williams Bascopé asume como Ministro de Trabajo y presenta proyecto contra bloqueos

El nuevo ministro de Trabajo, Williams Bascopé, reactiva su iniciativa de 2024 que propone penas de 10 a 20 años de prisión para bloqueadores de carreteras en Bolivia.

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Imagen sin título / Autor no disponible / OXÍGENO.BO

Bascopé retoma proyecto de ley antibloqueos con penas de cárcel

Un proyecto de ley presentado en 2024 por el nuevo Ministro de Trabajo propone penas de prisión para bloqueadores. La iniciativa busca garantizar la libre transitabilidad en todo el país y fue puesta a disposición del parlamento para su debate.

Propuesta sancionadora de 2024

En enero de 2024, antes de asumir el cargo, Williams Bascopé presentó un proyecto de ley para prohibir los bloqueos de carreteras en el Estado Plurinacional. La iniciativa establece sanciones de entre 10 y 20 años de cárcel para ciudadanos, dirigentes sindicales y organizaciones sociales que realicen bloqueos. Según Bascopé, “el uso de dinamita y otros objetos” debe ser procesado como delito de terrorismo, con penas de 10 a 15 años.

Garantías a Fuerzas Armadas y Policía

El proyecto de ley también otorgaba garantías a las Fuerzas Armadas y a la Policía, ya que, según explicó entonces el nuevo ministro, “no pueden tener responsabilidad por ejercer el orden público”.

Trayectoria del nuevo ministro

Williams Bascopé fue posesionado este jueves como Ministro de Trabajo en sustitución de Edgar Morales. Durante el acto, agradeció al presidente Rodrigo Paz y afirmó que asume el cargo con el desafío de trabajar por el país “a través del diálogo”.

Contexto de la asunción

La propuesta original de Bascopé, presentada cuando aún era ciudadano, fue puesta a disposición del parlamento en 2024. El nuevo ministro ha expresado su confianza en que Bolivia podrá superar la crisis actual, señalando que “este país merece trabajar y entenderse en sus diversidades”.

Implicaciones de la reactivación del proyecto

La retoma de esta iniciativa sitúa la lucha contra los bloqueos como prioridad del nuevo ministro. La aplicación de la ley implicaría penas de prisión para dirigentes sindicales y organizaciones sociales, además de eximir de responsabilidad a las fuerzas de seguridad en el mantenimiento del orden público. El parlamento deberá retomar el debate sobre la propuesta.

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