La Asamblea Legislativa decide sobre el estado de excepción

La Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar o rechazar el estado de excepción declarado por el presidente Rodrigo Paz, según el jurista Eusebio Vera. La decisión no es automática y debe basarse en una explicación clara de los motivos.

La Asamblea Legislativa supervisa al Ejecutivo

El abogado penalista Eusebio Vera afirmó que la Constitución Política del Estado (CPE) otorga a la Asamblea Legislativa la tuición de aprobar o rechazar el estado de excepción. Si la Asamblea lo rechaza, la medida no podrá ponerse en vigencia. Vera explicó que este mecanismo se puede declarar en tres escenarios: peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural. Según el jurista, en el país se registra un conflicto interno.

Plazos y límites de la declaratoria

Una vez que el presidente emita la declaratoria, debe enviarla a la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas para su consideración. Vera aclaró que el Gobierno no tiene carta blanca, ya que no se pueden suspender las garantías de los derechos fundamentales, el debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. La Constitución es precisa sobre el alcance de la declaratoria y las funciones de las fuerzas del orden.

Antecedentes: la aprobación de la Ley 1732

El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1732, que abrogó la Ley de Estados de excepción, tras un tratamiento acelerado. Con esta norma, el jefe de Estado tiene el camino allanado para dictar el estado de excepción con el uso amplio de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden en el país.

Implicaciones: necesidad de una nueva normativa

Vera consideró necesario trabajar en una nueva normativa que regule el estado de excepción. Esta debería definir un plazo de vigencia, posibles sanciones para las fuerzas del orden y otros aspectos. El jurista advirtió que la nueva norma no debe responder a intereses partidarios ni ser elaborada de forma coyuntural, como ocurrió con la Ley 1341 promulgada en 2020 tras la renuncia de Evo Morales y las protestas contra el gobierno de Jeanine Áñez.