Bolivia acusa a exdiputada argentina de injerencia en mitin contra Paz
La Cancillería de Bolivia calificó de «inadmisible» la participación de Mercedes Trimarchi en protestas que exigen acortar el mandato de Rodrigo Paz. El Gobierno evalúa medidas migratorias contra la activista argentina.
Bolivia acusa a exdiputada argentina de injerencia en protestas
La Cancillería calificó de «inadmisible e inaceptable» la participación de Mercedes Trimarchi en las movilizaciones que exigen el acortamiento del mandato del presidente Rodrigo Paz. El Gobierno evalúa medidas migratorias contra la activista argentina, quien ingresó como turista y participó en un mitin en el Distrito 8 de El Alto.
Rechazo oficial a la activista extranjera
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones de Mercedes Trimarchi. La exlegisladora argentina se presentó como «diputada» y elogió las protestas que, según dijo, pusieron «en jaque» al Gobierno. La Cancillería consideró que la activista emitió afirmaciones falsas, distorsionadas y carentes de sustento contra el Ejecutivo boliviano.
Evaluación migratoria en curso
El director general de Migración, Eddy Ordóñez, confirmó que se analiza la situación de Trimarchi, quien ingresó al país como turista. Ordóñez afirmó que «la intromisión en los asuntos internos de nuestro país es una falta grave» y que se notificará a la activista sobre las acciones que realiza.
Antecedentes de la participación de Trimarchi
La exlegisladora argentina, militante de Izquierda Socialista e integrante del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, participó en un acto en Senkata donde alentó a los sectores movilizados. Trimarchi fue elegida en 2024 para un escaño en el Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que terminó a finales de 2025.
Implicaciones del caso para la diplomacia bilateral
El Gobierno boliviano recordó el principio de no intervención en asuntos internos como norma fundamental del Derecho Internacional. Subrayó que las diferencias políticas deben resolverse exclusivamente por el pueblo boliviano, mientras que la Cancillería calificó la conducta de Trimarchi de «inaceptable» en aplicación a las normas internacionales vigentes.