Los cívicos exigen aprehensión de Evo Morales y estado de excepción

El movimiento cívico nacional exigió la ejecución de la orden de aprehensión contra Evo Morales y la aplicación inmediata de un estado de excepción sectorizado. La demanda se produjo este jueves desde Santa Cruz, en el marco de la crisis por los bloqueos que afectan al país desde hace cuatro semanas.

Cívicos de nueve departamentos se reúnen en Santa Cruz

Los presidentes de los comités cívicos de los nueve departamentos se reunieron en Santa Cruz de la Sierra para debatir la situación del país. En su pronunciamiento, calificaron la situación como un “colapso económico y humanitario” provocado por grupos que consideran “irregulares” y “sediciosos”, a quienes acusan de atentar contra la democracia y la estabilidad nacional. La Administradora Boliviana de Caminos reportó 66 bloqueos a nivel nacional ese mismo jueves.

Demandas concretas al Gobierno y al Legislativo

Los cívicos exigen al presidente Rodrigo Paz no ceder ante el chantaje y defender el voto en las urnas. Demandan a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación inmediata de una ley antibloqueo que tipifique esta acción como delito contra la seguridad nacional. También reclaman una ley de resarcimiento económico para que los responsables de los bloqueos reparen los daños al aparato productivo, la propiedad privada y la infraestructura de los departamentos.

El presidente Rodrigo Paz no asistió a la reunión

El presidente Rodrigo Paz fue invitado al encuentro pero no acudió a Santa Cruz. En su lugar, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que los conflictos, principalmente en La Paz, requieren la presencia del jefe de Estado. El mandatario se comunicó telefónicamente con los cívicos para disculparse por su ausencia.

Exigencias contra Evo Morales

Los cívicos exigen a la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno que se ejecute una orden de aprehensión contra Evo Morales Ayma. Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, declaró que “la impunidad de quienes han sido identificados como principales instigadores de la desestabilización y la violencia es un ataque directo al Estado de Derecho”. Exigieron que la ley se aplique sin cálculos políticos.