Cívicos exigen estado de excepción y resarcimiento ante crisis
Los dirigentes cívicos pidieron al presidente Rodrigo Paz un estado de excepción sectorizado ante la crisis económica y amenazas de golpe, así como un resarcimiento al sector productivo por las pérdidas del bloqueo de carreteras.
Los cívicos exigen un estado de excepción sectorizado y resarcimiento económico
Los dirigentes cívicos pidieron al presidente Paz un estado de excepción sectorizado y un resarcimiento por el daño económico durante una reunión en Santa Cruz el 28 de mayo de 2026.
Demandas al presidente y al Gobierno
El movimiento cívico del país pidió al presidente Rodrigo Paz que declare un estado de excepción sectorizado ante la amenaza de un golpe de Estado y la crisis económica. Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, afirmó que el Gobierno debe usar todos los recursos legales para frenar a grupos sediciosos. Además, exigieron que los movilizados paguen un resarcimiento al sector productivo por las pérdidas del bloqueo de carreteras. El presidente no asistió a la reunión y envió al ministro de Economía, Gabriel Espinoza.
Reclamos a la justicia y a la Asamblea
Los cívicos solicitaron a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley antibloqueos con sanciones drásticas. El líder cívico cruceño cuestionó el accionar tardío de las autoridades judiciales y exigió al Ministerio Público y a la Policía ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien señalan como autor intelectual de las movilizaciones.
Contexto de las movilizaciones
Los dirigentes cívicos se reunieron en Santa Cruz para evaluar la conflictividad del país por las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y los campesinos. El bloqueo de carreteras restringió la libre circulación y generó pérdidas económicas.
Implicaciones de la reunión cívica
La exigencia de un estado de excepción sectorizado y el resarcimiento económico busca devolver la paz a las regiones y frenar las protestas. Los cívicos responsabilizan al presidente Paz de usar la Constitución Política del Estado (CPE) para resolver la crisis.