Bolivia y cuatro países firman el Compromiso de Santiago contra el crimen

El crimen organizado cuesta a América Latina el 3,4% de su PIB, unos 230.000 millones de dólares, según datos del FMI de 2025. Bolivia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador suscribieron en Santiago un acuerdo para combatir el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas mediante un plan de acción conjunto.

Un 78% del presupuesto educativo perdido por la violencia

Los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expuestos antes de la firma, revelan que el coste del crimen equivale al 78% del presupuesto público destinado a educación, duplica los recursos de asistencia social y representa 12 veces el gasto en investigación y desarrollo. El canciller boliviano Fernando Aramayo respaldó la creación de mecanismos de cooperación regional y afirmó que el crimen arrebata desarrollo y coarta libertades.

Creación de un Grupo de Trabajo Regional

El principal resultado del encuentro fue la creación de un Grupo de Trabajo Regional que reunirá a las entidades competentes de cada país. El mecanismo comenzará a funcionar en 90 días y deberá presentar avances en 180 días, cuando los gobiernos se reunirán en Buenos Aires. Las prioridades incluyen el combate al narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y el lavado de activos.

Antecedentes: el coste económico del crimen en la región

El FMI estimó en 2025 que el crimen organizado y la violencia costaron a América Latina 230.000 millones de dólares, equivalentes al 3,4% del PIB regional. Esta cifra, expuesta por el BID en Santiago, sirvió como telón de fondo para la reunión de cancilleres y ministros de Seguridad de los cinco países.

Implicaciones: un paso hacia la cooperación regional permanente

El Compromiso de Santiago busca dejar atrás las respuestas aisladas frente al crimen transnacional. Las autoridades acordaron presentar la iniciativa ante la próxima Asamblea General de la OEA para sumar a más países. El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna señaló que la naturaleza de las amenazas obliga a los Estados a actuar unidos.