Supervivientes demandan al gobierno de Indonesia por inundaciones en Sumatra

Más de 1.200 muertos y 600.000 edificios dañados en tres provincias de Sumatra. Los demandantes alegan que la catástrofe fue un «desastre ecológico» agravado por décadas de deforestación y negligencia gubernamental.

Demanda por «desastre ecológico» evitable

Un grupo de ciudadanos indonesios ha presentado una demanda en Yakarta contra el gobierno por las inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra de finales de 2025. Los demandantes sostienen que los daños del Ciclón Senyar fueron amplificados por décadas de fallos políticos, incluyendo deforestación, concesiones extractivas y ausencia de un sistema de alerta temprana. La demanda combina el mecanismo de demanda ciudadana con una impugnación por inacción administrativa ilegal. El abogado Alfi Syukri señaló que la agencia meteorológica BMKG emitió advertencias ocho, cuatro y dos días antes de la llegada del ciclón, sin que el gobierno actuara para mitigar los riesgos.

Críticas a la respuesta del gobierno

Falta de declaración de emergencia nacional

Los demandantes critican que el gobierno no declarara la catástrofe como emergencia nacional, lo que habría agilizado la movilización de fondos y recursos. Muhammad Qodrat Husni Putra, de la LBH en Aceh, afirmó que la respuesta se vio obstaculizada porque los equipos y recursos humanos en las regiones eran limitados. También se censuraron las declaraciones del jefe de la BNPB, Suharyanto, que atribuyó la crisis a información en redes sociales, y las del ministro Tito Karnavian, quien ridiculizó la ayuda médica de Malasia. Además, se devolvieron inicialmente 30 toneladas de arroz de los EAU debido a la falta de declaración de emergencia.

Deforestación y concesiones como causa

Los demandantes y grupos ecologistas señalan que casi 1 millón de hectáreas de bosque se han perdido desde 2001 en las tres provincias afectadas. Señalan 790 concesiones comerciales que operan en 2,7 millones de hectáreas de cuencas hidrográficas. Sekar Banjaran Aji, de Greenpeace Indonesia, calificó la situación como consecuencia de un «modelo de desarrollo extractivo descontrolado». Los investigadores advierten que la pérdida de bosques incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos durante lluvias extremas. El gobierno solo revocó 28 permisos tras la catástrofe, lo que el abogado Alfi cuestionó por no haber actuado antes.

Antecedentes: Una catástrofe anunciada

Las inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra, ocurridos a finales de 2025, causaron más de 1.200 muertes y daños materiales superiores a 100 billones de rupias (5.600 millones de dólares). Los demandantes argumentan que el desastre no fue solo natural, sino un «desastre ecológico» resultado de la degradación de cuencas, la débil aplicación de leyes ambientales y la falta de preparación ante desastres. El presidente Prabowo Subianto tardó dos días en presidir una reunión ministerial tras la llegada del ciclón.

Implicaciones de la demanda para la rendición de cuentas

La demanda busca que el tribunal ordene al gobierno declarar la emergencia nacional, realizar auditorías ambientales y restaurar bosques y cuencas. Los demandantes afirman que la catástrofe sigue vigente, pues muchos residentes carecen de agua potable, saneamiento e ingresos estables. La recuperación económica para algunas familias se estima en cinco a siete años. El abogado Alfi Syukri subrayó que «el Estado no debe estar presente solo después de que las personas se conviertan en víctimas». Este caso se suma a otras demandas ciudadanas ambientales en Indonesia, aunque la ejecución de sentencias previas ha sido lenta y controvertida.