Las restricciones de uso en Brasil no frenan las invasiones a indígenas aislados

Las órdenes de restricción de uso no son suficientes para proteger los territorios indígenas aislados en Brasil. El fiscal federal Daniel Luís Dalberto explica que estas medidas, aunque necesarias, deberían ser temporales y acompañarse de otras acciones estatales para evitar invasiones, explotación y deforestación.

Medidas insuficientes ante la demora en la demarcación

Las órdenes de restricción de uso son una medida cautelar que reconoce la presencia de indígenas aislados y prohíbe la entrada. Sin embargo, se renuevan repetidamente durante años mientras el proceso de demarcación formal se estanca. Dalberto señala que deberían tener un plazo breve, hasta que el territorio sea demarcado lo antes posible. Sin esta herramienta, la situación sería peor, pero no garantiza la protección por sí sola.

El caso de Ituna/Itatá

En 2011 se aplicó la primera orden de restricción para el territorio Ituna/Itatá, del tamaño de dos Singapures. Aun así, las tasas de pérdida forestal y las invasiones crecieron. En 2019, fue uno de los territorios con mayor deforestación, principalmente por apropiadores ilegales de tierras. Tras la última orden en 2022, el área perdió 2.211 hectáreas de cobertura arbórea.

Las causas de la lentitud en la demarcación

Dalberto afirma que no hay justificación normativa para la lentitud. En la práctica, influyen el poder político y económico de quienes se oponen a la demarcación. Estos invasores cuentan con el paso del tiempo y la ineficiencia estatal para consolidar derechos sobre tierras muy codiciadas. La FUNASA depende de recursos humanos y financieros que los sucesivos gobiernos y el Congreso no siempre garantizan.

Territorios más afectados y peligros

Además de Ituna/Itatá, el fiscal menciona Piripkura, Awá-Guajá y Uru-eu-wau-wau como ejemplos de áreas presionadas por invasiones. El peligro es la vulnerabilidad de estos grupos a la violencia, la contaminación epidemiológica y el genocidio sin que la sociedad lo sepa.

Aumento de casos en el tribunal supremo cierra vías locales

Dalberto observa con preocupación que cada vez más casos sobre territorios indígenas se envían directamente al Supremo Tribunal Federal (STF). Esto provoca que los tribunales locales suspendan o archiven sus acciones. El fiscal considera que se están cerrando frentes importantes para la defensa de los derechos fundamentales. Las acciones locales tienen pruebas específicas, informes periciales y años de trabajo que no pueden ser reemplazados por procesos abstractos a nivel federal.

Consecuencias de la centralización judicial

Dalberto defiende que debe haber complementariedad entre las acciones directas en el STF y los procesos en los tribunales locales. La práctica actual, impulsada por el gobierno y la FUNASA para centralizar la defensa, dificulta la garantía de derechos y genera lagunas y rigideces que perjudican a los pueblos indígenas aislados.