Desmontan planta de oxígeno del Hospital Santa Bárbara

La planta de oxígeno del Hospital Santa Bárbara está desahuciada y será desmontada. El gobernador Luis Ayllón gestiona una nueva ante el Gobierno nacional, tras verificar que el equipo genera oxígeno contaminado y supone un riesgo para los pacientes.

Planta inservible y contaminada

El gobernador Luis Ayllón anunció que las verificaciones técnicas determinaron que la planta de oxígeno del Hospital Santa Bárbara “está desahuciada” y no existe posibilidad de que funcione. Según Ayllón, el equipo generaba oxígeno contaminado y “no podemos poner en riesgo la vida de los pacientes”. Se iniciará su desmontaje para retirar “esa bomba de tiempo”.

Antecedentes de una adquisición fallida

La generadora de gas medicinal se adquirió en 2015, durante la gestión del gobernador Esteban Urquizu. El contrato lo firmó el entonces director del Sedes, Martín Maturano. El equipo no entró en funcionamiento hasta 2021, en plena pandemia de covid-19, pero quedó paralizado poco después.

Acciones legales contra responsables

Ayllón informó que se iniciaron acciones legales para que los responsables resarzan el daño económico al departamento. El proceso está en etapa de apelación y ya existe una sentencia contra el representante de la empresa fabricante. “Las acciones alcanzarán a todas las exautoridades que participaron en este engaño”, afirmó.

Nueva planta y equipos en gestión

La Gobernación gestiona ante el nivel central la instalación de una nueva planta de oxígeno medicinal, además de un tomógrafo y un resonador magnético para Sucre. La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, arribó a Sucre y ya conoce la urgencia del reemplazo, tras los informes técnicos que califican el equipo del MAS como irrecuperable.

Implicaciones de una infraestructura obsoleta

La decisión de desmontar la planta y gestionar una nueva evidencia la falta de suministro de oxígeno seguro en el principal hospital de Sucre. La gobernación asume el reemplazo como prioritario y mantiene abiertas acciones judiciales contra los implicados en la adquisición y puesta en marcha fallida del equipo.