Gobierno distingue protesta legítima de actos delictivos en bloqueos

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, diferenció este miércoles entre la protesta legítima y acciones que calificó de delictivas en los bloqueos que afectan a La Paz y El Alto. La autoridad advirtió sobre secuestros y sabotajes, mientras informó la habilitación de corredores humanitarios para el traslado de insumos esenciales.

Distinción entre protesta y delito

José Luis Gálvez fijó la posición del Gobierno ante los bloqueos. Señaló que existen sectores que buscan el diálogo, pero otros han optado por medidas violentas como el secuestro de trabajadores y la intervención de instalaciones estratégicas de YPFB. El vocero afirmó: “La protesta es un derecho garantizado por la Constitución, pero los actos criminales siempre recibirán una respuesta firme del Gobierno”.

Impacto en servicios esenciales

Las acciones violentas han generado un impacto directo en el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno. Gálvez destacó la implementación de corredores humanitarios para priorizar medicamentos, oxígeno y combustible destinados a pacientes críticos, niños y personas con enfermedades graves. También se habilitaron rutas alternativas para los sectores productivos afectados.

Llamado a la acción

El vocero instó a los bloqueadores a permitir el paso de insumos vitales y cumplir acuerdos. Concluyó: “Es momento de que los bloqueadores dejen de castigar al pueblo y faciliten el ingreso de medicinas, oxígeno y alimentos”. La postura del Gobierno enfatiza resguardar la vida y los derechos fundamentales, manteniendo el orden público.

Contexto de los bloqueos

Los bloqueos afectan a La Paz y El Alto. El Gobierno diferencia entre demandas ciudadanas legítimas y hechos delictivos como secuestros y sabotaje a infraestructura. La vocería presidencial advirtió que estos actos serán sancionados.

Implicaciones de la postura oficial

La postura del Gobierno resalta la necesidad de mantener el orden público y la institucionalidad. Subraya la protección de los derechos fundamentales de la población en un contexto de conflictividad social, con énfasis en la priorización de insumos para pacientes críticos.