Diez condenados a tres años por toma de campo petrolero

Los 10 aprehendidos por la toma del campo petrolero Humberto Suárez Roca no ingresarán en prisión tras ser sentenciados a tres años en un procedimiento abreviado. El juez Pedro Félix Ribera dictó la pena después de que los acusados admitieran su participación en los hechos.

Condena con beneficios y restricciones

La decisión fue emitida por el juez de Portachuelo, Pedro Félix Ribera, luego de que los acusados aceptaron la pena impuesta por los delitos atribuidos por el Ministerio Público. Pese a la condena, los sentenciados no serán enviados a un recinto penitenciario debido a que la pena impuesta permite la aplicación de beneficios establecidos por ley. No obstante, el fallo judicial establece estrictas restricciones, entre ellas la prohibición de participar en bloqueos, tomas de instituciones, instigación a la violencia o reuniones destinadas a promover hechos similares. En caso de reincidencia, la medida podrá ser revocada y los condenados serán encarcelados de manera inmediata.

Detalles de la imputación y la recuperación del campo

El fiscal Juan Carlos Crispín imputó a los involucrados por asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo, instigación pública a delinquir y daño calificado. Las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen establecieron que los ahora sentenciados participaron en la toma del campo petrolero, donde cerraron válvulas de la planta e instalaron más de seis puntos de bloqueo. Este miércoles, un operativo policial en el lugar permitió recuperar el control de las instalaciones y proceder con las detenciones.

Contexto de la protesta

Un grupo de personas el martes tomó el pozo petrolero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el municipio cruceño de Santa Rosa del Sara, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz y sin ninguna otra demanda. La toma se produjo en un contexto de conflictividad de sectores sociales contra el Gobierno.

Implicaciones del fallo judicial

La sentencia establece un régimen de libertad condicionada para los diez condenados, con la posibilidad de encarcelamiento inmediato en caso de reincidencia en actos similares, mientras se mantiene la recuperación del control del campo petrolero por parte de las autoridades.