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Gobierno anuncia apelación y ampliación de cargos por toma de pozo petrolero

El Gobierno ampliará la denuncia contra diez condenados por la toma de un pozo petrolero en Santa Rosa del Sara, al considerar insuficiente la sentencia de tres años de prisión, que no implica ingreso en prisión.

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Imagen sin título / Autor no disponible / El Deber

Gobierno apelará condena de tres años por toma de pozo petrolero

El Gobierno ampliará la denuncia contra los diez condenados por la toma del pozo petrolero en Santa Rosa del Sara, al considerar insuficiente la sentencia de tres años de prisión que no conlleva ingreso en prisión.

Apelación y nuevos delitos

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, anunció que el lunes apelarán la sentencia emitida por el juez de Portachuelo, Pedro Félix Ribera. La denuncia se ampliará con los delitos de daños a una empresa estratégica del Estado y agresiones contra efectivos policiales.

Acusación de terrorismo

Paredes calificó a los responsables como “terroristas” y pidió a la Fiscalía un procesamiento riguroso. La ampliación se sustentará en informes técnicos de YPFB sobre los daños ocasionados y en las denuncias policiales por los agentes heridos durante el operativo.

Condena inicial y restricciones

El juez condenó a los diez imputados a tres años de prisión tras un procedimiento abreviado. La pena, al no superar los tres años, no implica reclusión en centro penitenciario. La resolución establece la prohibición de participar en reuniones para promover bloqueos o tomas, y advierte que la reincidencia podría derivar en encarcelamiento.

Contexto de las movilizaciones

La toma del pozo petrolero de Santa Rosa del Sara ocurrió durante las movilizaciones y bloqueos que afectan al país desde hace varias semanas. El Gobierno considera la ocupación de instalaciones estratégicas una amenaza a la seguridad energética y al funcionamiento de servicios esenciales.

Repercusiones de la decisión judicial

La sentencia actual, al no conllevar prisión efectiva, ha sido considerada insuficiente por el Ejecutivo, que busca endurecer las penas mediante la incorporación de nuevos delitos. La apelación y las denuncias adicionales podrían elevar la gravedad de las sanciones para los condenados.

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