Un juez federal invalida las restricciones migratorias de Trump

Un juez federal bloqueó las restricciones migratorias contra 39 países impuestas por el gobierno de Donald Trump tras un tiroteo. La decisión considera ilegales las suspensiones de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía para nacionales de esas naciones.

El fallo judicial

El juez de distrito de Rhode Island, John McConnell, afirmó que las restricciones a las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía eran ilegales. El magistrado señaló que, desde el tiroteo del año pasado perpetrado por un inmigrante afgano en el que murieron dos miembros de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe, a las personas de esos países se les ha impedido “categóricamente obtener decisiones definitivas” sobre sus solicitudes.

Las acusaciones del juez contra el USCIS

McConnell escribió que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se atribuye una autoridad que no posee, actúa sin explicaciones razonadas y justifica sus acciones con “preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que encubren sentimientos antiinmigrantes”. El juez concluyó que las acciones del USCIS son “contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas”.

El origen de las restricciones

En diciembre de 2025, la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recomendó a Trump una prohibición total de viajes para países que han inundado Estados Unidos con “asesinos, sanguijuelas y adictos”. Esa recomendación se aplicó de inmediato y las solicitudes de tarjetas de residencia o naturalización quedaron suspendidas para personas de 19 países. Doce de ellos ya enfrentaban una prohibición de entrada desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. A ellos se sumaron otros siete: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Veinte países fueron añadidos posteriormente en diciembre de 2025.

La defensa del Gobierno y la repercusión

El gobierno norteamericano había argumentado que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo amplia autoridad sobre política migratoria, incluida la “entrada de extranjeros en Estados Unidos” y la discreción para conferir o retirar beneficios. Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una prioridad, aludiendo a una “invasión” de delincuentes. Su programa de deportaciones masivas ha sido frustrado por múltiples decisiones judiciales.