El Parlamento Europeo rechaza la minería submarina de Noruega

523 eurodiputados votaron a favor de una resolución que critica los planes de Noruega para iniciar la minería en aguas profundas del Ártico. La resolución, aprobada el 7 de febrero de 2024, no tiene poder legal pero envía una señal política a Oslo.

Señal política sin fuerza legal

La resolución del Parlamento Europeo expresa preocupación por la minería submarina noruega. Aunque no vincula legalmente a Noruega, los expertos señalan que indica una falta de respaldo europeo al plan. El Ministerio de Exteriores noruego dijo haber tomado nota de la resolución y reiteró su compromiso con la «gestión oceánica sostenible».

Riesgos señalados por la resolución

El texto alerta de que la extracción de minerales en el lecho marino ártico podría afectar a las pesquerías, liberar metano y provocar pérdida de biodiversidad. También menciona que la Agencia de Medio Ambiente noruega halló «lagunas de conocimiento significativas» en la evaluación de impacto ambiental.

Votación abrumadora en Estrasburgo

La votación del 7 de febrero contó con 523 votos a favor, 34 en contra y 59 abstenciones. La eurodiputada francesa Catherine Chabaud afirmó que la votación muestra una «posición firme del parlamento» y advirtió de que si Noruega abre la puerta, China y otros podrían seguir el mismo camino.

Antecedentes: la decisión de Noruega en enero

En enero de 2024, el parlamento noruego autorizó la exploración minera submarina en un área de 281.000 kilómetros cuadrados, similar al tamaño de Italia. Esta zona incluye la plataforma continental noruega y las aguas del archipiélago de Svalbard, cuya soberanía es disputada por Rusia, Reino Unido y varios países de la UE.

Repercusión para la industria y el mercado europeo

La resolución dificulta que Noruega considere la minería una industria viable. Haldis Tjeldflaat Helle, de Greenpeace Nordic, señaló que Oslo necesita vender los minerales en el mercado europeo y que la minería sea incluida en la taxonomía verde de la UE. Martin Webeler, de la Environmental Justice Foundation, calificó la resolución de «movimiento inusual» que critica a un socio cercano y tiene fuertes implicaciones políticas.