Oficialismo impone debate sobre contrato de litio en Diputados pese a protestas

El arcismo forzó la sesión con mayoría simple mientras cívicos potosinos eran desalojados. El ministro Gallardo defendió el acuerdo con empresas extranjeras durante una hora. El proyecto enfrenta rechazo en el Senado, donde el androniquismo amenaza con bloquearlo.

«Un debate a contrarreloj»

El oficialismo impuso el tratamiento del contrato sin consensos previos, iniciando la sesión a las 17:50 del 03/07/2025. «Algunos diputados ni siquiera se molestaron en leer el contrato», criticó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quien destacó las «bondades» del acuerdo para Bolivia. La oposición y cívicos potosinos exigieron postergar la votación, pero fueron desalojados por policías.

Escenario de tensión

La sesión se desarrolló entre insultos y discursos de grueso calibre, como los del diputado Walty Egüez (Creemos). El presidente de la Cámara, Omar Yujra, justificó la urgencia: «El Gobierno esperó desde enero el momento prudente». El arcismo confía en agotar el debate reglamentario (5 horas) para forzar la votación.

El Senado, la verdadera barrera

Aunque el oficialismo podría aprobar el proyecto en Diputados, el androniquismo en el Senado ya advirtió su veto. Este bloque del MAS argumenta que la explotación de litio debe decidirla el próximo gobierno. Mientras, el Comité Cívico Potosinista amenazó con movilizaciones y declarar «traidores» a los legisladores que avalen los contratos con Rusia y China.

Litio: la disputa que no cesa

Bolivia lleva años debatiendo cómo explotar sus reservas de litio, clave para la transición energética global. El actual gobierno prioriza acuerdos con empresas extranjeras, mientras sectores políticos y sociales exigen mayor control estatal. Potosí, región con las mayores reservas, rechaza los contratos por temor a un reparto inequitativo de beneficios.

Un acuerdo en suspenso

El contrato enfrenta un futuro incierto: su aprobación en Diputados sería un triunfo simbólico para el arcismo, pero su aplicación depende del Senado. La polarización política y las protestas sociales podrían retrasar cualquier avance hasta 2026.