La UE propone categoría de «riesgo insignificante» en su ley contra la deforestación

Una enmienda de última hora propone simplificar la ley contra la deforestación de la UE. La iniciativa crea una categoría de «riesgo insignificante» que preocupa a los conservacionistas. El texto legal debe aplicarse el 30 de diciembre de 2026.

La propuesta que divide a Europa

El Parlamento Europeo aprobó el 9 de julio una moción para añadir una cuarta categoría de riesgo en el sistema de clasificación del REGLAMENTO EUDR. Esta etiqueta de «riesgo insignificante» permitiría a productores de países con deforestación mínima o ganancia neta de bosque evitar controles como presentar coordenadas de sus parcelas.

Klervi Le Guenic, de la ONG Canopée, afirmó que la petición busca «una exención para países europeos» y que no tengan que cumplir la normativa. La coalición Together4Forests, que agrupa a más de 220 organizaciones, calificó la maniobra de «táctica dilatoria peligrosa».

El riesgo de convertir países en puentes de lavado

Los críticos señalan que los países con categoría insignificante podrían convertirse en puentes para comerciantes que busquen eludir sanciones por deforestación. Le Guenic advirtió que es «una forma de blanquear productos básicos a través de países sin riesgo».

Greenpeace declaró que es «prácticamente imposible» que la Comisión Europea elabore una nueva metodología de clasificación antes de la fecha de entrada en vigor. La Comisión Europea pidió el 22 de julio opiniones de partes interesadas sobre cómo simplificar las leyes ambientales.

Antecedentes: una ley que ya acumula retrasos

El REGLAMENTO EUDR exige que productores demuestren que productos como ganado, cacao, café, caucho, soja o madera no proceden de tierras deforestadas tras el 31 de diciembre de 2020. La ley entró en vigor en 2023 con un periodo de transición de 18 meses, ampliado después 12 meses más por la falta de preparación de los productores.

Implicaciones de la decisión

La propuesta no es vinculante, pero debe ser considerada por la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Ambos órganos deben acordar los cambios. Si se aprueba la cuarta categoría, se requeriría revisar el texto legal, lo que podría retrasar su aplicación más allá de diciembre de 2026 y abrir la puerta a más modificaciones en un paquete de reforma «ómnibus». Un informe previo ya estimó que un año de retraso causaría 230.000 hectáreas de deforestación.