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Defensoría pide suspender contrato de litio con empresa rusa

La Defensoría del Pueblo solicita medidas cautelares para paralizar el contrato de litio con una empresa rusa, exigiendo estudios ambientales y consulta previa.

El salar de Uyuni tiene el yacimiento de litio más grande del mundo. ABI / ERBOL
El salar de Uyuni tiene el yacimiento de litio más grande del mundo. ABI / ERBOL

Defensoría del Pueblo pide suspender contrato de litio con empresa rusa

La entidad solicitó medidas cautelares para paralizar el proyecto hasta contar con estudios ambientales. La aprobación del contrato se realizó en una sesión polémica con denuncias de irregularidades. La Defensoría exige transparencia y consulta previa a las comunidades.

«Profunda preocupación» por el impacto ambiental

La Defensoría del Pueblo expresó su “profunda preocupación” por la aprobación del contrato de explotación del litio en el Salar de Uyuni, suscrito con una empresa rusa. La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados avaló el acuerdo el martes, en una sesión con denuncias de irregularidades y protección policial.

Requisitos ignorados

La entidad advirtió que cualquier decisión sobre el litio debe cumplir normativas nacionales e internacionales, incluyendo consultas previas y evaluaciones ambientales. Exhortó a las cámaras legislativas a “priorizar el respeto a los derechos de la Madre Tierra y el interés nacional”.

Medidas cautelares en marcha

La Defensoría ya solicitó al Juzgado Agroambiental de La Paz suspender el tratamiento de los proyectos de ley vinculados al contrato. Pide que no se avance sin estudios ambientales integrales ni procesos de consulta a las comunidades afectadas, especialmente en Potosí.

Un salar bajo presión

El Salar de Uyuni alberga el yacimiento de litio más grande del mundo, un recurso estratégico para Bolivia. Sin embargo, su explotación ha generado históricamente conflictos por falta de consultas y daños ambientales. El contrato actual repite críticas de opacidad ya vistas en gestiones anteriores.

El litio en espera de garantías

El futuro del proyecto depende ahora de la resolución judicial y del cumplimiento de exigencias ambientales. La Defensoría insiste en que la transparencia y el respeto a las comunidades son irrenunciables, mientras el oficialismo impulsa el acuerdo pese a las controversias.

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