Minería brasileña debate su papel en la transición energética mundial

Brasil produce más del 90% del niobio global, un mineral crítico. El Congreso debate una ley de minerales estratégicos, mientras flexibiliza los permisos ambientales, lo que genera alerta entre expertos y ONGs.

Una encrucijada entre el progreso y el planeta

La industria minera de Brasil se debate entre el impulso de iniciativas ‘verdes’ y proyectos de ley que podrían acercarla más al colapso ambiental. El país busca consolidarse como un proveedor estratégico global de minerales críticos para la transición energética, pero el desafío es hacerlo de forma responsable y bajo control institucional.

Una ley polémica en ciernes

El Congreso espera aprobar antes de la COP30 la política nacional de minerales críticos. Legisladores argumentan que el sector requiere grandes inversiones e incentivos. Sin embargo, el director del Observatorio de la Minería de Brasil, Maurício Angelo, afirmó que esta propuesta «está muy lejos» de alcanzar un marco que modifique la matriz productiva y que, en cambio, aumenta las desigualdades y el riesgo de mayores impactos socioambientales.

Flexibilización de licencias ambientales

Paralelamente, se aprobó una propuesta que flexibiliza los permisos ambientales. El Gobierno de Lula da Silva vetó parte del proyecto, pero se espera que el Congreso, donde predominan legisladores vinculados al agro, rechace los vetos. La ONG Observatorio del Clima declaró que esta propuesta representa “el derrumbe de más de 40 años de construcción de la legislación ambiental”.

Un pasado que pesa

Brasil aún sufre las consecuencias de las tragedias de Brumadinho y Mariana, que sumaron casi 300 fallecidos y provocaron un desastre ambiental gigantesco. Este antecedente subraya la importancia de un control institucional robusto en la actividad minera.

Un futuro por definir

La eficacia de las políticas mineras brasileñas dependerá de su ejecución en un contexto de alta demanda global de minerales. Suely Araújo, del Observatorio del Clima, sentenció que “la transición energética no puede ser una excusa para que Brasil flexibilice los controles ambientales”.