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ABT inicia 90 procesos por quema ilegal e incendios forestales

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha activado 75 procesos administrativos y 15 penales por quemas ilegales e incendios forestales en Bolivia, con sanciones que incluyen multas y penas de prisión.

Incendio de magnitud en el Parque Tunari Dico Solís / Información de la fuente de la imagen no disponible
Incendio de magnitud en el Parque Tunari Dico Solís / Información de la fuente de la imagen no disponible

ABT inicia 90 procesos por quema ilegal e incendios forestales en Bolivia

La ABT ha activado 75 procesos administrativos y 15 penales por acciones de quemas ilegales e incendios forestales. Los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Beni concentran la mayor cantidad de casos. Las sanciones incluyen multas y penas de prisión de tres a ocho años.

La distribución territorial de los procesos

Según datos de la ABT, en Santa Cruz se iniciaron 31 procesos administrativos, en La Paz 18, en Beni 14 y en el resto del país 12. Del total de procesos administrativos, 56 corresponden a propiedades privadas y 19 a comunidades. En cuanto a los procesos penales, Santa Cruz concentra 13, Beni 1 y Tarija 1.

Las consecuencias legales para los infractores

Los procesos administrativos conllevan sanciones que oscilan entre 190 y 976 UFVs por hectárea. Para los procesos penales, la ley establece que quien provoca un incendio forestal se expone a la privación de libertad de tres a ocho años.

Un llamado a la acción ciudadana

La ABT exhortó a la población a denunciar las quemas ilegales e incendios a las líneas 800-100 118 y al WhatsApp 677 00422. Esta medida busca facilitar la fiscalización y control, involucrando directamente a la ciudadanía en la protección de los bosques.

Un problema recurrente que demanda control

La activación de procesos por quema ilegal responde a una problemática ambiental constante en el país. La existencia de 10 fuegos activos, que afectan a áreas protegidas como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el ANMI San Matías, evidencia la necesidad de aplicar medidas de control y sanción.

Un esfuerzo continuo por proteger el patrimonio natural

La eficacia de estas acciones judiciales y administrativas dependerá de su aplicación sostenida. El impacto de esta ofensiva legal se medirá en la capacidad para disuadir nuevas prácticas ilegales y reducir el número de incendios que afectan a las áreas naturales del país.

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