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La reforma ambiental de Australia mantiene la marginalización de la autoridad indígena

La actualización de la ley EPBC introduce nuevos estándares y un regulador, pero no otorga poder real de decisión a los pueblos indígenas en materia ambiental, perpetuando un fallo crítico del sistema anterior.

Territorio tradicional Tebrakunna Country en el noreste de Tasmania.
Territorio tradicional Tebrakunna Country en el noreste de Tasmania. / Luggarrah / Mongabay

Reforma ambiental australiana mantiene marginalización de la autoridad indígena

La actualización de la ley EPBC no resuelve la falta de poder real de los pueblos indígenas en las decisiones ambientales. La reforma introduce nuevos estándares y un regulador independiente, pero los autores de un comentario advierten que el sistema seguirá fallando si no se comparte la autoridad.

Una reforma ambiciosa con una omisión crítica

Australia ha reformado su principal ley ambiental, la Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act). Los cambios responden a una revisión de 2020 e incluyen estándares nacionales, un nuevo organismo supervisor y el cierre de vacíos legales. La marginalización de la autoridad indígena persiste como un fallo no resuelto del régimen anterior.

El precedente canadiense y la legitimidad ambiental

En Canadá, las naciones indígenas son socias con propiedad mayoritaria en proyectos. Esto reduce conflictos y mejora resultados. La lección para Australia es que la legitimidad ambiental crece cuando los pueblos indígenas tienen poder real, no solo un papel consultivo.

Avances y límites de la nueva ley

La reforma fortalece el sistema con órdenes de paralización, multas más altas y el fin de exenciones para la tala. Sin embargo, el ministro retiene discrecionalidad en la aplicación de los estándares. Un estándar específico para Primeras Naciones está prometido, pero aún no está escrito ni legislado.

Las brechas que persisten

Se identifican cuatro áreas problemáticas: la integración del conocimiento indígena sigue siendo opcional; el nuevo fondo de compensación de restauración puede dañar paisajes culturales; la falta de autoridad compartida erosiona la confianza; y no hay una asociación por defecto con los programas de guardabosques indígenas.

Cuatro caminos para un cambio real

Los autores proponen medidas concretas para la implementación: paneles de aprobación con autoridad indígena equitativa; dirigir compensaciones a programas gestionados por indígenas; crear un estándar indígena exigible por ley; e integrar el conocimiento indígena como requisito en todas las evaluaciones.

La implementación decidirá el éxito

La reforma del EPBC es un cambio significativo, pero su prueba real está en la aplicación. El sistema puede heredar las debilidades del pasado o convertirse en un punto de inflexión si se incorporan la cogobernanza y las protecciones culturales exigibles. El resultado depende de tratar a los pueblos indígenas como socios con autoridad.

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