Defensor del Pueblo alerta sobre criminalización de defensores ambientales en Tariquía
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denuncia la criminalización de defensores ambientales en la Reserva Tariquía tras un nuevo ingreso de policía y Petrobras, y un segundo proceso penal contra comunarios.
Defensor del Pueblo alerta de criminalización ambiental en reserva de Tariquía
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denuncia un preocupante escenario de criminalización de defensores ambientales en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. La advertencia se produce tras un nuevo ingreso policial y de personal de Petrobras para exploración petrolera, y el inicio de un segundo proceso penal contra comunarios.
Nueva incursión reabre conflicto en área protegida
El pasado 5 de enero, ingresaron a la zona 40 efectivos policiales junto a personal de Petrobras para iniciar actividades de exploración. Callisaya señaló que este hecho «resulta preocupante» debido a un posible incumplimiento del proceso de consulta pública. El Defensor subraya que no se presentó el plan de trabajo ni el estudio de impacto ambiental de forma adecuada a la población de Chiquiacá.
Segundo proceso penal contra comunarios
Callisaya alertó sobre un segundo proceso penal iniciado contra los comunarios por delitos como asociación delictuosa o atentado contra la libertad de trabajo. El Defensor calificó este hecho como «una muestra negativa» del accionar del Estado hacia el estatus de los defensores ambientales.
Antecedentes: Un caso con seguimiento internacional
El seguimiento a este caso viene desde la anterior gestión de la institución. Incluso se participó en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un primer incidente que derivó en un proceso contra 12 personas de la comunidad. En esa oportunidad ya se denunció la necesidad de respetar la condición de defensores ambientales.
Cierre: La salida está en el cumplimiento de la norma
Callisaya reiteró que la solución pasa por el respeto a la normativa vigente. Recomienda el cumplimiento de un proceso de Consulta Pública que respete estándares internacionales y recordó que la Ley 1333 de Medio Ambiente exige la presentación debida de un plan de trabajo y un estudio de impacto ambiental.