Indonesia destina 9.200 millones de fondos públicos a rehabilitar bosques

El Ministerio de Bosques de Indonesia planea usar 9.200 millones de dólares del presupuesto nacional y regional para rehabilitar 12 millones de hectáreas de tierra crítica hasta 2034. La experta Aida Greenbury cuestiona que este coste recaiga en los contribuyentes y no en las grandes corporaciones que, según evidencias, son las principales responsables de la deforestación.

Un plan de financiación cuestionado

El Ministerio estima un coste de 766,67 dólares por hectárea, aunque Greenbury señala que la restauración real puede costar hasta 2.000 dólares por hectárea. La autora critica la falta de transparencia en los cálculos y en la localización exacta de las áreas a rehabilitar. El plan se presenta bajo presión tras las inundaciones catastróficas de finales de 2025 en Sumatra, vinculadas a la deforestación.

Los actores de la deforestación

Datos de 2019 a 2024 identifican como principales causantes a las plantaciones de palma aceitera, las plantaciones madereras, la pulpa y papel, y la minería. Greenbury subraya que probablemente solo una veintena de grandes grupos son responsables a gran escala. Resulta paradójico, afirma, que la financiación de la rehabilitación salga de los presupuestos públicos.

Antecedentes: Una hoja de ruta poco clara

El anuncio del plan de rehabilitación de 12 millones de hectáreas se produjo tras declaraciones de altos cargos en la COP29. Sin embargo, la hoja de ruta y el plan estratégico no se han hecho públicos. Tampoco está claro cómo se solapa con el Programa de Bosques Sociales que abarca 12,7 millones de hectáreas.

Cierre: Un llamado a un modelo de responsabilidad

Greenbury recomienda adoptar un modelo de financiación público-privada donde las empresas cubran el 80% del coste. Propone aplicar marcos de remediación, como el del Forest Stewardship Council (FSC), que obligue a las empresas a restaurar los daños como condición para mantener sus licencias. El cierre subraya la necesidad de una estrategia holística para prevenir desastres y garantizar que quienes destruyen los bosques asuman su coste.