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Australia gasta más en subsidios dañinos para la biodiversidad que en conservación

Un estudio de la Universidad Nacional Australiana revela que el gobierno federal gastó 26.300 millones de dólares en subsidios perjudiciales para la biodiversidad en 2022-23, superando con creces la inversión en conservación. Los fondos se destinaron principalmente a combustibles fósiles e infraestructuras.

Un ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) en Scottsdale, Tasmania, Australia.
Un ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) en Scottsdale, Tasmania, Australia. / Charles J. Sharp de Sharp Photography / Mongabay

Australia gasta 26.300 millones en subsidios dañinos para la biodiversidad

Un estudio identifica 26.300 millones de dólares australianos en subsidios federales perjudiciales en el ejercicio 2022-23. Esta cifra, equivalente al 1,1% del PIB, supera con creces la inversión en conservación. Los apoyos se destinan principalmente a combustibles fósiles, infraestructuras y sectores como la agricultura.

El coste fiscal de la degradación ambiental

Un análisis de la Universidad Nacional Australiana cuantifica por primera vez las subvenciones dañinas. La investigación, dirigida por Paul Elton, aplica el marco de la OCDE al presupuesto federal. Los incentivos reducen el coste de actividades que causan pérdida de hábitat y sobreexplotación, contradiciendo las políticas ambientales.

Los sectores que reciben el mayor apoyo

El flujo principal de subsidios va a producción y consumo de combustibles fósiles. Le siguen las infraestructuras de transporte y los sectores de agricultura, pesca y silvicultura. Estos mecanismos económicos promueven una transformación insostenible de los ecosistemas y desincentivan alternativas menos dañinas.

Un contexto de crisis biológica agravada por la política fiscal

Australia alberga cerca del 7,8% de las especies mundiales, pero sus indicadores de biodiversidad se deterioran. Más de 1.900 especies están amenazadas. Las subvenciones interactúan con las principales presiones, como la pérdida de hábitat y el cambio climático. Por ejemplo, las ayudas a infraestructuras pueden acelerar la construcción de carreteras en áreas intactas.

El compromiso internacional incumplido

El marco global de Kunming-Montreal obliga a los países a identificar y reformar los incentivos nocivos antes de 2030. Australia es signataria pero carecía de una estimación oficial. El estudio de Elton responde a este vacío. Los investigadores advierten de que su cifra es conservadora y excluye subsidios implícitos y ayudas estatales.

El difícil camino de la reforma frente a la realidad económica

La eliminación de estos subsidios es políticamente compleja por su impacto en empleo y economías regionales. El estudio aboga por una transición gradual, acompañada de políticas de apoyo a trabajadores y regiones afectadas. Redirigir fondos hacia incentivos positivos, como pagos por restauración, podría compensar pérdidas y mejorar resultados ambientales.

Un cambio conceptual: más allá del presupuesto de conservación

El debate se amplía desde cuánto se gasta en proteger la naturaleza a cómo el dinero público financia su erosión. Si los subsidios dañinos superan ampliamente la financiación para conservación, aumentar modestamente los presupuestos ambientales tendrá un efecto limitado. Alinear la política fiscal con los objetivos de biodiversidad podría reportar mayores beneficios.

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