Comunidades indígenas reclaman tierras tras revocación de permisos en Indonesia
El gobierno indonesio ha revocado los permisos forestales a 28 empresas por causar daños ambientales. Las comunidades indígenas afectadas reclaman la devolución de sus tierras ancestrales, mientras el estado planea gestionar las concesiones a través de una agencia pública.
Gobierno indonesio revoca permisos forestales a 28 empresas por daños ambientales
El estado invertirá en las concesiones a través de la agencia Danantara. Veintinueve comunidades indígenas reclaman la devolución de 37.219 hectáreas de tierras consuetudinarias, tras décadas de conflicto con la empresa maderera PT Toba Pulp Lestari (TPL). Algunas ya han reocupado el terreno.
Reacción comunitaria ante la revocatoria
Los líderes indígenas expresan optimismo y preocupación tras la decisión gubernamental de enero de 2026. Aunque se sienten libres de la intimidación de la empresa, exigen claridad legal sobre la tenencia de sus tierras. Temen que la gestión estatal a través de Danantara perpetúe el conflicto si no se les restituye el territorio.
Incertidumbre sobre el futuro de las tierras
La devolución no está garantizada. Funcionarios estatales indican que las concesiones revertirán a empresas públicas. PT TPL y otras compañías podrían apelar la revocatoria. La presión de las comunidades por una respuesta clara no ha obtenido resultados oficiales.
Un conflicto de décadas por la tierra
PT TPL opera desde los años 80 con un permiso que cubre 167.927 hectáreas. Según la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) y el Grupo de Estudio y Desarrollo de la Iniciativa Comunitaria (KSPPM), la empresa generó conflictos por falta de consulta. Las 29 comunidades afectadas perdieron tierras de cultivo y bosques sagrados, convertidos en plantaciones de eucalipto.
Las comunidades trazan su camino a seguir
Representantes se reunieron en febrero con ONGs para planificar acciones. Exigen al gobierno que agilice la titulación de sus tierras y que aplique una sentencia de 2012 que impide clasificar bosques consuetudinarios como estatales. Su plan incluye la reforestación de las áreas degradadas y la restauración ecosistémica. Seis comunidades lograron el título de 6.884 hectáreas en 2022, un precedente que esperan replicar.