Director de AJAM advierte que minería ilegal podría superar al narcotráfico

La minería ilegal en Bolivia podría superar en magnitud al narcotráfico, según el director de la AJAM, Jaime Sanabria. Lo afirmó durante la Rendición Pública de Cuentas Final de la gestión 2025. El fenómeno tiene un crecimiento sostenido y es un desafío principal para el Estado.

Burocracia estatal impulsa la ilegalidad minera

Sanabria sostuvo que la expansión responde a fallas del aparato estatal. Señaló una «extrema burocracia» que retrasa contratos. En cinco años la Asamblea Legislativa no aprobó ningún contrato administrativo. Esto obliga a operadores a optar por la ilegalidad ante plazos de espera de 9 a 15 años.

Actividad ilícita invade áreas naturales protegidas

El director de la AJAM también denunció minería ilegal en parques nacionales, reservas forestales y sitios RAMSAR. A su juicio, la falta de una normativa que articule leyes minera y ambiental genera rechazos sistemáticos a la formalización.

Capacidad limitada de fiscalización y control

En 2025 se atendieron 23 denuncias por minería ilegal, menos que las 42 del año anterior. Sanabria reveló que este descenso evidencia limitaciones operativas. La AJAM cuenta con presupuesto insuficiente y apenas ocho vehículos para todo el territorio nacional.

Avances parciales en el control comercial

Desde el Senarecom, Armando Magne reportó avances contra el comercio ilegal. En 2025 se ejecutó un operativo de control mensual y se aplicaron sanciones del RIS. Sin embargo, reconoció que la falta de personal técnico impidió evaluar adecuadamente el uso de analizadores en puntos de control.

Autoridades ministeriales reportan acciones y obstáculos

El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, informó que su cartera atendió 14 denuncias por presunta corrupción. Algunas se derivaron a la Comibol y a Vinto. El viceministro Walter Landívar reportó 122 inspecciones bajo la Ley 403; 48 derivaron en informes a la AJAM. Mencionó obstáculos como la negativa de una comunidad a una inspección.

Un problema estructural con raíces en la normativa

La minería ilegal se consolida como un desafío principal. Su expansión responde a fallas estructurales del Estado, como la extrema burocracia y la falta de normativa articulada entre minería y medio ambiente.

Implicaciones de una crisis en crecimiento

La advertencia de que esta actividad podría superar al narcotráfico subraya su magnitud. Las limitaciones presupuestarias y operativas de los órganos de control, como la AJAM y el Senarecom, dificultan una respuesta efectiva. La situación requiere fortalecer la fiscalización para garantizar una minería sostenible.