Bolivia recibe a 17 ciudadanos expulsados de Chile y remite casos a la justicia
Chile expulsó a 17 ciudadanos bolivianos bajo su nueva política migratoria. Diez están acusados de receptación de vehículos robados. Bolivia activó un operativo de verificación y remitió casos con procesos judiciales pendientes a las autoridades competentes.
Chile expulsa a 17 bolivianos y Bolivia remite casos a la justicia
Diez de los expulsados están acusados de presunta receptación de vehículos robados. El Gobierno de Chile ejecutó una nueva política migratoria. Los ciudadanos bolivianos llegaron al Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz.
Operativo boliviano de recepción y verificación
El Gobierno boliviano activó un operativo integral de seguridad, asistencia y verificación. La Cancillería informó que este procedimiento interinstitucional permitió la atención integral de los connacionales y la verificación de su estado de salud. Las instancias correspondientes realizaron la verificación de información conforme a ley.
Casos con requerimientos judiciales pendientes
Se identificaron casos puntuales con requerimientos pendientes ante la justicia boliviana. Estos casos fueron remitidos a las autoridades jurisdiccionales competentes. La acción se realizó, según el reporte oficial, en estricto respeto al debido proceso.
Desglose de las acusaciones contra los expulsados
De los 17 ciudadanos, 10 están acusados por presunta receptación de vehículos robados. Tres enfrentan acusaciones por tráfico ilícito de drogas y uno por porte ilegal de armas. Las tres personas restantes fueron expulsadas por ingreso a Chile por paso no habilitado.
Contexto de la expulsión
La expulsión se enmarca en una nueva política migratoria impulsada por el gobierno chileno de José Antonio Kast. Los bolivianos fueron expulsados este jueves y llegaron a territorio boliviano en vuelo.
Procedimiento y consecuencias legales
El operativo boliviano culminó con la remisión de casos identificados a la justicia. Las autoridades bolivianas aplicaron los mecanismos establecidos por la normativa nacional. El proceso busca el resguardo del ordenamiento jurídico y la seguridad pública.