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Meo demanda al Estado portugués por 82 millones por veto a Huawei en 5G

La operadora Meo, de Altice Portugal, ha demandado al Estado portugués por 81,7 millones de euros. La compañía alega daños especiales por la exclusión de los equipos de Huawei en las redes 5G, una decisión que el sector considera más agresiva que en otros países de la UE.

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Derechos de autor AP Photo/Virginia Mayo, File / AP Photo/Virginia Mayo / Público (Portugal)

Meo demanda a Portugal por 81,7 millones por veto a Huawei en 5G

81,7 millones de euros reclama la operadora Meo al Estado portugués. La compañía presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa el 24 de abril de 2026 por la exclusión de los equipos de Huawei de las redes 5G en Portugal.

El origen del conflicto

La Comisión de Evaluación de Seguridad aprobó en el primer semestre de 2023 una resolución que advertía del alto riesgo de usar equipos de proveedores de países no pertenecientes a la UE, la OTAN o la OCDE para la seguridad de las redes 5G. La decisión no mencionaba a ningún país o empresa, pero Huawei fue la principal afectada.

Daños especiales y anormales

Meo, del portafolio de Altice Portugal, sostiene que sufrió daños especiales y anormales por esas decisiones administrativas. La demanda se dirige contra el Ministerio Público y el Centro Jurídico del Estado. Según el diario ECO, la tecnología de Huawei era ampliamente utilizada por Meo en el desarrollo de su red 5G.

Reacciones del sector

El consejero delegado de Vodafone Portugal, Luís Lopes, calificó la resolución de más agresiva que la de otros Estados miembros de la UE. Miguel Almeida, consejero delegado de NOS, afirmó que la medida va mucho más allá de la práctica en Europa en cuanto al alcance de los componentes de red cubiertos.

Antecedentes judiciales

Huawei ya había presentado en septiembre de 2023 un recurso contencioso-administrativo contra la resolución ante el mismo tribunal. Nueve meses después, la Comisión de Evaluación de Seguridad declaró que el procedimiento seguía sus trámites judiciales.

Implicaciones del litigio

La demanda de Meo pone en cuestión la decisión soberana del Estado portugués sobre seguridad en redes 5G. El caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad patrimonial del Estado ante restricciones a proveedores tecnológicos extranjeros.

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